Los integrantes de la Comisión Especial para Indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos, acordaron sostener una reunión con la titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, a fin de ampliar el informe que esta funcionaría proporcionó al órgano legislativo.
El presidente de esta Comisión, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que el informe fue solicitado a González Salas con la intención de conocer lo que la instancia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha hecho con respecto a 26 casinos que operan de manera ilegal en el país.
El reporte de Gobernación refiere las inspecciones en 15 casinos del Estado de Jalisco realizadas durante los días 6 y 7 de este mes, los cuales ocho están operando, seis fueron cerrados y uno tiene orden de inspección.
No obstante, advierten los diputados, no se ha aclarado la situación de tres establecimientos ubicados en Sinaloa, tres en el Estado de México, uno en Baja California Sur, uno en Chihuahua, uno en Morelos, uno en Nayarit y uno en Veracruz.
Por otra parte, en la información proporcionada se señala que el casino La Quinta, en el Estado de Zacatecas, se encuentra cerrado por no cumplir con los ordenamientos legales. Sin embargo los integrantes de la Comisión Especial detectaron que, contrario a la información proporcionada, el inmueble continúa en funcionamiento.
Aunado a ello, advierte Mejía Berdeja, se cuenta con la información del presidente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, A. C., Alfonso B. Pérez Lizaur -con quien sostuvieron una reunión en fechas pasadas-, de que no son 26 sino 127 los casinos que operan irregularmente.
“Vamos a pedir a González Salas que profundice sobre esta investigación y que dé cuenta de los casinos no registrados en la SEGOB, respecto a los otros estados, y emita su opinión de la información de Pérez Lisaur”, señaló.
En su participación, la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez coincidió en que el informe presentado por González Salas “es poco y deja mucho lugar a dudas”, puesto que la instancia federal, si bien tiene facultad para solicitar los permisos de operación, éstos no han sido presentados.
“Valdría la pena preguntarse si esa supervisión se extendió a las instancias estatal y municipal, porque a fin de cuentas los tres niveles de gobierno tienen que ver con los permisos y las facultades que se pueden otorgar a esta clase de establecimientos”, aseveró.