El combate a la corrupción sigue siendo una de las principales demandas de la sociedad y uno de los mayores retos del sistema político y democrático de nuestro país, por lo que la creación y puesta en marcha del órgano público anticorrupción es de máxima prioridad en la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado.
El PAN, y en particular el Grupo Parlamentario de la cámara Alta, tiene la firme convicción de que la corrupción no es un problema cultural, como lo afirmó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el sentido de que este flagelo es un asunto propio de la cultura de los mexicanos.
“Dar por sentado lo anterior es tanto como claudicar a la obligación esencial de todo gobierno de erradicar este cáncer que carcome instituciones y erosiona el patrimonio de las familias y de las empresas productivas del país”, indicaron los senadores del PAN en el documento de trabajo que estableció su agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones.
La evidencia de que el tema del combate a la corrupción no es prioridad del gobierno federal, queda evidenciado en el mensaje del presidente de la República con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, en el cual sólo hubo una mención al tema, lo que demuestra su falta real de compromiso para erradicar ese flagelo que erosiona a las instituciones.
El GPPAN legislará para promover un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que contemple los mecanismos de acceso a la información, de fiscalización y de control de la administración pública, a efecto de que la corrupción no impida que los objetivos de las reformas se cumplan. En congruencia, impulsará las disposiciones y mecanismos tendientes a que el Senado de la República se conduzca con criterios de transparencia y mayor rendición de cuentas.
El PAN en la Cámara Alta buscará en este periodo ordinario la creación de un marco jurídico adecuado para la prevención, fiscalización, sanción –incluida la persecución de carácter penal– y vigilancia como elementos esenciales para cuidar que los beneficios derivados de las reformas estructurales recientemente aprobadas no se desvíen ni se desvirtúen.
La corrupción que se vive actualmente es producto de la debilidad institucional y la falta de compromiso de un gobierno que, al asumir el Poder Ejecutivo en diciembre de 2012, lo marcó como su agenda prioritaria.
Este tema fundamental es un problema de complicidad, de falta de voluntad para aplicar las leyes y fortalecer las instituciones a las que se comprometió el Ejecutivo federal, lo cual no ha cumplido y tampoco es del interés del grupo parlamentario del PRI.
El PAN en el Senado como oposición responsable apoyó las reformas estructurales, no con la mezquindad observada por otras fuerzas políticas en el pasado reciente.
En cambio, sí aprobó las reformas estructurales con absoluto sentido de responsabilidad y sin el cálculo político característico de otros tiempos. Modificaciones legislativas que propiciarán mayor competitividad y productividad para México, se indica en el documento de la Agenda Legislativa.
Hoy el país tiene un marco jurídico para atraer más inversiones y empleos, y generar mayores recursos presupuestales para el beneficio de los mexicanos, los cuales deberán ser fiscalizados para su correcta aplicación por un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que propondrá el GPPAN.