El presidente de la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados José Francisco Coronato Rodríguez, elaboró una iniciativa para reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para clarificar los datos y unificar el formato de los padrones de beneficiarios de los programas sociales.
Propone modificar la fracción XII del artículo 7, para que las dependencias que manejan dichos programas publiquen en sus páginas de Internet los listados de beneficiarios físicos o morales en cada ejercicio fiscal, con lo cual se subsanaría la carencia de información.
Durante una reunión de trabajo de la instancia, Coronato Rodríguez afirmó que no hay claridad en las dependencias sobre los destinatarios de los programas sociales. “La información es disímbola y no homogénea, genera confusión y limita la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, como consecuencia, a los programas”, abundó.
El propósito es lograr la transparencia en los registros de beneficiarios, condición no sólo útil y necesaria para definir la aplicación de los recursos, sino también para planeación y evaluación. Eso permitirá contar con información confiable que conduzca a la toma de decisiones en materia presupuestal y de políticas públicas, precisó.
Además, servirá para que la ciudadanía tenga acceso fácil a este tipo de referencias y pueda analizar y conocer los logros de los programas sociales.
Reiteró la necesidad de incidir positivamente en el mejoramiento de la operación de los programas sociales en el tema de transparencia de sus padrones de beneficiarios.
Demandó subsanar la carencia de informes “desde el punto de vista administrativo y que cada dependencia cumpla con lo que establece la Constitución y los ordenamientos legales en la materia”.
Destacó la importancia de uniformar las reglas en un Sistema Nacional de Programas Sociales, para que cada dependencia no tenga un lenguaje diferente”.
Al participar en la reunión, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, apoyó la iniciativa para transparentar los listados, evitar la duplicidad de beneficiarios y que éstos no sean utilizados con fines electorales.
Indicó que pese a la existencia de cinco mil programas sociales, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México no se ha logrado bajar los índices de pobreza.
La iniciativa precisa la necesidad de detallar la información por municipio o delegación y entidad federativa y establece la obligación de actualizar trimestralmente los datos que se difundan; de no hacerlo, se actuará conforme a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos en la materia.
Las dependencias que manejan programas sociales deberán confrontar los listados con el objeto de identificar la duplicidad de beneficiarios, lo cual tendrán que informar para depurar los padrones.