*Panistas van con todo

El desaseo en las finanzas públicas del estado de Coahuila, caracterizado por la ineficiencia recaudatoria, un alto grado de dependencia de los ingresos federales, subejercicios en materia de seguridad, opacidad y nula rendición de cuentas, dispendio en el gasto corriente y falsedad en la información sobre el estatus que guarda su deuda pública, será un factor negativo para que la entidad pueda negociar con las instituciones crediticias la reestructuración de sus empréstitos.

Así lo señaló el senador Ramón Galindo Noriega, al externar su preocupación por el anuncio realizado por el titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, Ismael Ramos Flores, quien informó que el gobierno coahilense ha iniciado pláticas con los bancos para iniciar el refinanciamiento de la deuda pública estatal, que a marzo de 2011 ascendía a los 31 mil 973.1 millones de pesos, ofreciendo como garantía las participaciones federales.

El legislador panista dio a conocer algunos ejemplos del desaseo de las finanzas púbicas de Coahuila, a través de un documento de análisis, el cual detalla lo siguiente.

Ineficiencia recaudatoria (disminución de recursos propios) VS dependencia de ingresos federales (incremento de participaciones y aportaciones): Durante los ejercicio fiscales 2008 y 2009 los ingresos propios registraron tasas de decrecimiento nominal del ‐20 y ‐25%, sin embargo los ingresos de origen federal observaron tasas de crecimiento nominal del 22 y 10% respectivamente. (Numeral 3)

Opacidad y nula rendición de cuentas: En la Ley de Ingresos Estatal para 2011 se omite información sobre la línea de crédito a contratar pero en el Presupuesto de Egresos Estatal se prevé un servicio de la deuda pública por 190 millones de pesos. (Numeral 2).

Además, la Cuenta Pública Estatal 2010 tiene el carácter de información reservada en contraste a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010, la cual ya se encuentra disponible para su consulta en el portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Numeral 8)

Dispendio excesivo en el gasto corriente: En el Presupuesto de Egresos Estatal 2011 el gasto corriente representa el 70% del gasto total, mismo que es dos veces mayor a lo que se pretende erogar en gasto de capital. (Numeral 4).

En el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) entregados al estado de Coahuila no se habían ejercido en su totalidad al 31 de diciembre de 2009, a pesar de que la Tesorería de la Federación entregó en tiempo y forma dichos recursos.

Por lo tanto, la ASF cataloga como una debilidad en la gestión financiera de este fondo por parte de las autoridades estatales, debido a que éstas no tomaron las medidas necesarias para eficientar y erogar los recursos oportunamente.

Deuda Pública: A marzo de 2011 la deuda pública estatal ascendía a 31 mil 973.1 millones de pesos; para el 18 de agosto del corriente asciende a los 33 mil 867 millones de pesos (incluye recursos para su refinanciamiento a un plazo de 30 años), saldo que ocasionó que la calificadora Fitch Ratings bajara la calificación crediticia a “BBB‐(mex)” de “A+(mex)”. Esta baja se explica principalmente por los elevados niveles de endeudamiento de corto y largo plazo que registra el Estado, los cuales fueron de conocimiento por la calificadora hasta fechas recientes en base a la información pública por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Enriquecimiento inexplicable y falsificación de información de funcionarios estatales: Caso de Vicente Chaires Yáñez, ex funcionario de tercer nivel en la administración de Humberto Moreira Valdez y actual Coordinador Administrativo del CEN del PRI; y Javier Villareal Hernández, recientemente removido del cargo como titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), quien también fungió como Secretario de Finanzas del Estado.

En los 11 artículos y tres Transitorios que conforman la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila 2011, no aparece lo relativo a la aprobación de la línea de crédito (endeudamiento anual) que tiene como obligación aprobar el Congreso Estatal de Coahuila, de acuerdo a lo señalado en los artículos 67, fracción XIV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos 2011 se contempla una partida presupuestaria –capítulo 7000‐para el servicio de la deuda pública por una cuantía de 190 millones de pesos.

Bajo ese contexto, lo anterior pone en evidencia la nula transparencia y rendición de cuentas de las autoridades financieras hacia el Congreso Estatal y de éstos hacia la ciudadanía interesada en conocer la hacienda pública estatal.

De acuerdo con la información estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre las finanzas públicas estatales y municipales para el período de 2006 a 20092, se señala que Coahuila obtuvo ingresos por 33 mil 709 millones 294 mil 484 pesos en 2009, de los cuales el 83% fueron ingresos de origen federal y tan sólo el 5% fue recaudación propia. Correlacionado a ello, los ingresos propios registraron una caída nominal del 20% respecto a 2008 pero se observó un incremento nominal del 10% en los ingresos de origen federal.

El gasto total aprobado por el Congreso Estatal para el ejercicio presupuestal 2011, asciende a los $31,165.1 millones de pesos, de los cuales el 70% ($21,783.4 millones de pesos) es gasto corriente, dos veces mayor a lo que se pretende erogar en gasto de capital ($9,191.7 millones de pesos).

En el portal electrónico “Transparencia presupuestaria” que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se informa que el endeudamiento de las entidades federativas, municipios y organismos desconcentrados a marzo de 2011 es de 363 mil 422 millones de pesos, cifra superior en 48 mil 405.3 millones de pesos a la reportada en el Registro de Obligaciones de Empréstitos de Entidades y Municipios (315 mil 16.7 millones de pesos), ya que incluye diversos créditos que ha otorgado la banca múltiple, de desarrollo, SOFOMES y diversos acreedores.

En el sitio web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se publicó un informe ejecutivo sobre la situación del Financiamiento Conjunto (FC) en materia de seguridad pública, en el que se reporta un FC para el estado de Coahuila por $244.3 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2010, de los cuales el 80% ($195.4 millones de pesos) corresponden al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el 20% ($48.9 millones de pesos) restante es aportación estatal.

A diciembre de 2010 se reportó que de los $244.3 millones de pesos, solamente se han ejercido $101.9 millones de pesos, es decir, el 42% del FC. En tanto, se tienen comprometidos $88.2 millones de pesos y existen recursos disponibles por $54.2 millones de pesos, esta última cifra se refleja en un subejercicio del 22% respecto al FC.

El subejercicio registrado en 2010, de $54.2 millones de pesos, es 27 veces mayor al observado en 2009, que representó $2 millones de pesos.

En lo referente al tema de subejercicios fiscales en materia de seguridad pública, la entidad de fiscalización superior de la Federación (ASF) señaló en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2009 (IRRFCP2009), que los recursos del FASP entregados al estado de Coahuila no se habían ejercido en su totalidad al 31 de diciembre de 2009, a pesar de que la Tesorería de la Federación entregó en tiempo y forma dichos recursos.

Por lo tanto, la ASF cataloga como una debilidad la gestión financiera de este fondo por parte de las autoridades estatales debido a que éstas no tomaron las medidas necesarias para eficientar y erogar los recursos oportunamente.

La Cuenta Pública al ejercicio fiscal 2010, tiene carácter de información reservada, conforme a lo dispuesto por los artículos 30, fracción VIII de la Ley de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila; y 3, fracción X y 72 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila; toda vez que aún se encuentra en revisión por parte del órgano fiscalizador del estado.