Si no saca las manos del proceso electoral
“Exigimos que el Presidente saque las manos del proceso electoral, sin ninguna condición a cambio, pues él está llamado a conducirse con la mayor imparcialidad, respetando no exhortos, sino las disposiciones reglamentarias en la materia”.
Así lo demandó desde la tribuna parlamentaria la diputada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Guadalupe García Almanza, durante el debate que se originó debido a una encuesta difundida por el Ejecutivo Federal, en la que anunció que la candidata del partido Acción Nacional estaba sólo cuatro puntos atrás del candidato del Revolucionario Institucional.
La diputada por Oaxaca indicó que la injerencia del presidente de la República abona a la polarización que de por si viene arrastrando el país desde la elección del 2006, por lo que instó al jefe del ejecutivo darle solución, de lo contrario, se llegará a situaciones inmanejables.
En la segunda ronda de participaciones, la diputada Laura Arizmendi denunció la propensión del titular del Ejecutivo federal de posicionar a su partido entre los electores, así como a su candidata a la presidencia, mediante una estrategia de medios, que busca generar la percepción de que se han alcanzado ciertos logros a cambio de recibir el respaldo ciudadano.
Agregó que la utilización de recursos públicos para dar cumplimiento a esa estrategia de medios resulta altamente reprobable y se inscribe en una serie de prácticas que, lejos de ser sancionadas, son toleradas por los organismos que debieran ser responsables de inhibirlas.
La secretaria de la Mesa Directiva destacó que lo que resulta inaceptable es el evidente empleo de la hacienda pública, con un manejo discrecional por parte del Ejecutivo de recursos de programas sociales que son empleados a partir del cálculo político-electoral, como sucedió en fechas recientes con los apoyos económicos que recibirán los extrabajadores migratorios, a sabiendas que fue la Cámara de Diputados donde se aprobó el monto presupuestal.
Ante la inacción de instituciones como la Fepade, que sólo sanciona a funcionarios menores, la legisladora afirmó que resulta indispensable aplicar la normatividad correspondiente, sin importar el nivel que ocupe el servidor público que incurra en dichas prácticas.
“Lamentablemente, la utilización indiscriminada de recursos públicos está provocando un retroceso en los avances que habíamos logrado en lo que respecta al componente electoral de la democracia,”, concluyó.