Al margen de la Ley, y sin la aprobación del Congreso, Pemex ha comprometido ingresos futuros por exportaciones de crudo por una cantidad superior a los 170 mil millones de dólares, hasta el año 2018, alertó la senadora Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita.
Frente a esta situación, la legisladora solicitó al director general de Petróleos Mexicanos un informe detallado del total de emisiones de deuda que han comprometido sus vehículos financieros, el plazo de vigencia, las garantías que se presentaron y el marco jurídico bajo el que operan.
La senadora por Tabasco explicó, a través de un punto de acuerdo, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009”, donde hay un dictamen negativo en relación a la empresa Pemex Finance Ltd.
Señaló que la ASF recomendó formalmente a Petróleos Mexicanos redimir anticipadamente la deuda adquirida por Pemex Finance a efecto de no continuar poniendo a disposición de un tercero el 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior de crudo Maya y Altamira de PMI CIM.
Asimismo, el órgano superior de fiscalización recomendó al Congreso de la Unión reformar la Ley de Deuda Pública, a efecto de que la deuda contraída por PEMEX y sus vehículos financieros sea reconocida como tal en la Ley de ingresos de cada año.
Pemex usa sus vehículos financieros (Pemex Finance Ltd. y el Fideicomiso “Pemex Project Funding Master Trust”) para contratar deuda para el pago de los proveedores de bienes, servicios y contratistas de PIDIREGAS, mediante emisiones de deuda a largo plazo, sostuvo Gutiérrez Zurita.
A través de un punto de acuerdo, la legisladora planteó una solicitud de información al director general de Petróleos Mexicanos para que remita datos de la deuda comprometida de Pemex Finance Ltd. y Pemex Project Funding Master Trust.
Además, pidió a la ASF presentar un informe sobre el cumplimiento del marco Constitucional y Legal que incluya una opinión sobre la viabilidad financiera de dichas entidades y, en su caso, las adecuaciones necesarias al marco jurídico vigente para su mejor fiscalización.