El presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, manifestó que el Estado mexicano tiene una deuda con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, por lo que está obligado a reconducir la investigación y atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante la sesión solemne que la Cámara de Senadores realizó para recibir a Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el senador expresó que es fundamental generar capacidades institucionales, a efecto de que nunca más se repita una tragedia como la de Iguala.
Dijo que la participación de este grupo de expertos en la revisión de los hechos puede evitar una nueva experiencia de impunidad; además, con sus conclusiones se ha generado la oportunidad para corregir la doble victimización de aquellos que no encuentran a los suyos y a los que se les ha negado justicia.
En este sentido, destacó que el Estado mexicano en su conjunto, empezando por el ejemplo responsable del Congreso, tiene que generar soluciones a “nuestras crónicas debilidades”.
Como país y como sociedad --agregó Gil Zuarth-- debemos reconocer al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han revisado la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
Hizo notar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es hoy una de las realidades más esperanzadoras en el hemisferio, pues ha servido para visibilizar las injusticias, cerrar círculos de impunidad y enmendar la complicidad o negligencia de las autoridades estatales.
Es sin duda, precisó, la caja de resonancia de miles de víctimas que no tuvieron voz en la tierra en que nacieron o en el espacio al que pertenecieron y una cruel paradoja del drama humano del caso Ayotzinapa, ya que nos ha recordado la enorme valía de esa construcción.
El legislador añadió que el reto por venir en el continente americano es impulsar un orden que promueva las libertades y que, al mismo tiempo, sea capaz de corregir desigualdades, de proteger a los ciudadanos de la violencia política que sigue viva “en los resabios autoritarios” y de la violencia que ejercen los delincuentes.
Consideró que para reducir la violencia criminal, el Foro de Estados Americanos debe impulsar el diálogo sobre la política en relación al tráfico, comercio y consumo de drogas, pues “la era punitiva ha sido la era de los mercados negros, por tanto, la era de los mercados de violencia”.
Dijo que el debate se ha abierto inevitablemente con las recientes políticas de descriminalización aplicadas en Uruguay y en algunos estados de la Unión Americana.
Se ha demostrado --enfatizó-- que alternativas no punitivas permiten romper círculos delictivos, brindar segundas oportunidades a infractores y humanizar los sistemas de justicia.