Nuestro país se encuentra “en un estado de alerta en materia de libertad de expresión: no es menor decir que siguen periodistas desaparecidos y sigue la impunidad en periodistas asesinados”, alertó Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Al inaugurar el Coloquio Libertad de Información y el Derecho a Saber, un reto para la vida democrática, la titular de este organismo expresó que no podemos hablar de una sociedad democrática y libre, cuando sabemos que la libertad de expresión está comprometida en nuestro país; cuando la impunidad es la base desafortunada, y el silencio y la autocensura es la opción que le estamos dejando a nuestros periodistas.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, instaurado en 2002 como un derecho humano, la ombudsperson capitalina señaló que “desde esta Comisión, no podríamos concebir una comunidad, un pueblo, una ciudad y mucho menos un Estado, sin la intercomunicación y la existencia de distintos actores, reclamando lo que por naturaleza es suyo: el Derecho a Saber”.
El Derecho a Saber, junto con el Derecho a la Información Pública, fomenta una sociedad más crítica e informada que, por ende, tiene la posibilidad de tomar decisiones razonadas, subrayó.
El Coloquio realizado en la sede de la CDHDF contó con la participación de destacados panelistas, como el argentino Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien en conferencia magistral abordó el caso de su país, donde, dijo: “para tener acceso a la verdad, Argentina ha sufrido mucho, pues en su lucha han pasado por lo menos 10 años”; y llamó a reflexionar en la importancia de que los periodistas no se dejen vencer por el miedo, que denuncien y no se conviertan en cómplices de la impunidad.
Al participar en el panel Libertad de Expresión en el marco de un periodismo plural, el periodista Jenaro Villamil mencionó los momentos de mayor oleaje respecto al Derecho a la Información en México: la llamada guerra sucia; la alternancia en el Gobierno en 2001; y cuando el Movimiento YoSoy132 colocó en la agenda la democratización de los medios de comunicación y la libertad de expresión.
Por su parte, el periodista Marco Lara Klahr lamentó que cuando “la industria de las noticias corporativas” criminaliza a las víctimas, se genera un entorno de intolerancia y polarización social, provocando a su vez, la violencia ilegítima del Estado, lo que calificó incluso más grave que la violencia criminal. Por ello, hizo un llamado a que desde ninguna posición del periodismo, se fomenten ideas de linchamiento moral de las personas, sea cual sea su estatus judicial.
En el Panel Derechos Humanos y riesgos a la libertad de expresión, Mariclaire Acosta dijo que en tanto la sociedad no apoye a los periodistas y comunicadores, así como a las personas que ejercen sus derechos a manifestarse a través de redes sociales, por ejemplo, el Derecho a la Libertad de Expresión, estará bajo amenaza, pues de entrada, en México a los reporteros y periodistas no los apoyan ni los medios para los que trabajan.
En coincidencia, Balbina Flores, Relatora de Libertad de Expresión de la CDHDF, señaló que la desaparición forzada y los asesinatos de periodistas en México permanecen sepultados por la impunidad, cuando no la inexistencia de las investigaciones, obligando a los trabajadores de la información a la autocensura y al desplazamiento obligado para llevar consigo a sus familias a sobrevivir en condiciones aún más difíciles o a autoexiliarse en la Ciudad de México o en otros países.
Al respecto, instó a los comunicadores a hacer lo conducente a través de las respectivas instituciones para obligarlas a actuar y a conducirse sobre la materia para la que fueron creadas.
En tanto, en el panel El derecho a saber de las víctimas, el Coordinador de Incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Samuel Kenny, subrayó que para conocer la verdad y la justicia en México falta mucho camino por recorrer, porque hay instituciones públicas que niegan entregar la información para poder defender a las víctimas de violación a derechos humanos, reparar el daño y sancionar a los responsables.
La Representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Luisa Marcela Benavides, destacó que el derecho a la verdad ha ganado espacios en el campo de la protección de los derechos humanos, sobre todo en el Sistema Interamericano. En primer lugar como un derecho subsumido en el deber que tienen los Estados de investigar para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Segundo, como un deber acotado al derecho que tienen las víctimas, como en casos graves de desaparición forzada.