El director general de la Comisión Federal Electoral (CFE), Enrique Ochoa Reza, será el responsable de cualquier hecho de violencia que se suscite en Iztapalapa por causa de los cobros excesivos y abusivos de energía eléctrica, comentó el diputado local del PRD Alejandro Ojeda Anguiano.
En entrevista, el perredista alertó que la tensión puede desbordarse por amenazas y amedrentamientos de que son sujetos usuarios del servicio eléctrico, ya que personal presuntamente de la CFE o agentes judiciales se presentan con amenazas de que los afectados podrían ser embargados, perder sus casas o hasta ir a la cárcel.
El legislador del PRD declaró que particularmente en esa demarcación, la tensión puede desbordarse por las amenazas y amedrentamiento de que son sujetos los usuarios del servicio eléctrico, que de un momento a otro, ven pasar sus recibos de 200 o 300 pesos bimestrales a 3 mil o 4 mil pesos sin causa aparente.
Ante esta situación, señaló, la gente se está organizando para defenderse y reaccionar ante los intentos de corte de luz, así como hacer frente a la prepotencia de los presuntos empleados de CFE, quienes nunca presentan una identificación ni mucho menos alguna orden oficial para realizar dicho corte.
Ante esta grave situación, el legislador dijo que promueve un punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determine la procedencia del juicio de amparo contra los actos de la CFE, en lugar de que sea por Juicio de Nulidad.
Alejandro Ojeda aseguró que los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben ser impugnables por la vía del amparo, ya que la reciente reforma constitucional en materia de juicio de garantías, se incorporó un novedoso amparo denominado contra particulares, el cual, tenía como fin principal proteger a los usuarios de servicios públicos, en este caso proteger a la ciudadanía contra los actos de este organismo público descentralizado.
Además, argumentó, las reformas en materia de amparo, tanto constitucional como ley reglamentaria, se expresa que el amparo contra particulares, obedece a la protección constitucional para los usuarios de los servicios públicos, como el eléctrico.
Recordó que el pasado mes de mayo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la CFE no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, por tanto no procedía el juicio de amparo.
Subrayó que la SCJN incurre en contradicciones, pues en una interpretación bastante cuestionable determinó que para defenderse de los actos arbitrarios de la CFE se debe iniciar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y únicamente por lo que hace a las violaciones derivadas de visitas de verificación y determinación por diferencias de consumo del fluido eléctrico, lo que implica un proceso que puede durar hasta tres años.
El legislador del PRD, señaló que se promovieron diversos amparos en contra de la CFE, en el que señalamos que el recibo si es acto de autoridad y por lo tanto, el mandato de corte de suministro, son actos que se pueden atacar mediante el juicio de garantías y se obtuvo sentencia favorable para la ciudadana Gabriela Sánchez Madero relativo al expediente 420/2013, sustanciado ante el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Expuso que con lo anterior se demostró que la CFE sí tiene carácter de autoridad, debido que emite con fundamento en las disposiciones legales citadas, actos unilaterales como auxiliar del Estado para la prestación del servicio público, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que inciden en la esfera legal del usuario, sin que para ello tenga que acudir a las instancias jurisdiccionales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
El diputado Ojeda indicó que CFE goza de atribuciones legalmente conferidas, como es el mandato de corte de suministro y el aviso-recibo, que se expresan en diversos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Sostuvo que quedó demostrado con el amparo que se ganó que La CFE es autoridad, ya que la fijación de las tarifas de energía eléctrica no depende de la voluntad de los consumidores y son fijadas unilateralmente por el estado.
“CFE es autoridad debido a que, para obtener el suministro de energía eléctrica, el usuario debe celebrar un contrato con la Comisión, que contiene las características de un acto de autoridad porque su propósito es regular la prestación de un servicio público, a través de un clausulado establecido unilateralmente por la Comisión y conforme a las tarifas de consumo reguladas en los términos de ley”, detalló.
El diputado local mencionó que de nada sirve presumir los supuestos programas de combate a la pobreza que el gobierno federal realiza en el país, si al negarles a la población el derecho a recibir el servicio de energía eléctrica, atenta directamente en contra de las condiciones de vida de la gente.
Lamentó la falta de sensibilidad social y el menosprecio a los que menos tienen de parte del titular de la CFE, quien en todo momento se ha negado a buscar una solución acorde a la realidad de la gente que de pronto se ve en la disyuntiva de pagar la luz o comer.
Quejas
Francisco Martín Miranda de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en Iztapalapa, por ejemplo, denunció que personal de la CFE acude a los domicilios donde se han registrado cobros excesivos o cuando menos inexplicables para la gente; llegan ostentándose como abogados de CFE y acompañados con policías judiciales para cortar la luz, sin ningún documento de por medio.
Agregó que pese a que muchos tienen oficios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que los protegen de cualquier arbitrariedad; esto para ellos no vale nada y con toda prepotencia amenazan con meter a la cárcel a la gente sin importar si es gente humilde, enferma o de la tercera edad.
“Ya estamos hartos de que lleguen a amenazar a la familia, aprovechando que los jefes de familia se encuentran trabajando o simplemente no están en casa; entonces la mamá, la esposa o los hijos son amedrentados, los tratan sin ninguna consideración y de manera abusiva”, indicó.
Por su parte, Norma Aída Estrada de Santa María Aztahuacan, expresó que de un tiempo para acá le empezaron a llegar recibos muy altos y es dinero que no tiene para pagar, de tal manera que cada vez que llegan los de la CFE la amenazan de que le van a quitar la luz, incluso la invitan a llegar a un acuerdo, “pero me piden 200 mil pesos, y que si no se los doy me van a mandar a los agentes, y hasta el reclusorio voy a parar y, lo peor del caso, es que hasta mi casa voy a perder”.
José León de San José Teotongo, a su vez, informó que sin saber por qué y sin recibir ninguna explicación al acudir a los módulos de la CFE, le llegó una multa de 52 mil pesos, después de rechazar pagar recibos de más de dos mil pesos bimestrales, monto que consideró inaceptable para una casa habitación normal, con un refrigerador, televisión y demás enceres domésticos.
“Según llegan con una orden de corte, pero sin mostrarlo, ostentándose como abogados de la CFE, amenazando a mi señora madre, que es una persona de la tercera edad, de que si no paga la van a quitar la casa, insultándola y acusándola de ser una vieja ‘huevona’ porque no trabaja y no paga”, puntualizó.