México, D.F. a 21 de octubre de 2014.- Mexicanos de todos los andares hemos expresado de múltiples formas nuestro profundo sentimiento de agravio ante los sucesos de violencia ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, que llevaron a la muerte de 6 personas y a la desaparición 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con el involucramiento directo de la policía municipal.
También es generalizada la indignación frente a la negligencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención de los hechos, la atención a las víctimas y la procuración de justicia. Asimismo, hemos corresponsabilizado a los partidos políticos por evadir su responsabilidad democrática al designar candidatos vinculados a la delincuencia organizada.
Los abajo firmantes expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y nos sumamos a la exigencia de búsqueda de los desaparecidos, verdad y justicia en el caso Iguala.
Se trata de una tragedia humana que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias; un crimen que involucra a autoridades constitucionales del Estado Mexicano, que no puede quedar impune. Pero quizá lo más grave es que se trata de un episodio más en lo que es, a todas luces, una cadena de sucesos de violencia, abuso y corrupción institucional en el estado de Guerrero.
Sin duda, la situación en esta entidad es el reflejo de lo que ocurre en otros gobiernos locales en distintas regiones del país. La gravedad de los hechos y episodios similares como el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, que involucran directamente a las instituciones del estado en actos de violencia y corrupción, nos obligan a explorar vías de transformación institucional orientadas a la prevención de eventos similares en el futuro y al fortalecimiento del estado democrático frente al crimen y la descomposición de la clase política.
Los mexicanos, en particular las víctimas de Ayotzinapa, merecemos verdad y justicia; de lo contrario, el riesgo de escalamiento violento del conflicto crece día a día.
Desafortunadamente, la cadena de acciones y omisiones agraviantes por parte de las instituciones gubernamental son indicativas de un Estado rebasado, que difícilmente podrá responder a la actual crisis sin la colaboración y participación de la ciudadanía e instancias internacionales.
En virtud de lo anterior, exigimos de nuestras autoridades federales que de manera inmediata tomen las siguientes medidas de coyuntura y transformación institucional:
1. Instalación de una Comisión de Verdad y Justicia encargada de realizar una investigación exhaustiva del caso, y que emita recomendaciones para la no repetición. Ésta debe integrar mexicanos de reconocido prestigio en la defensoría de derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de verdad.
2. Aprobación inmediata de las reformas legislativas para la eliminación del fuero.
3. Utilización de los mapas políticos e información sobre las autoridades en funciones, con el objetivo de llevar a los procedimientos de justicia correspondientes a funcionarios locales vinculados con el crimen organizado, comenzando con las administraciones de municipios con altos índice de inseguridad.
4. Establecimiento de protocolos de control de confianza como prerrequisito para el registro de candidatos. Para el proceso electoral en curso, exhortamos a los partidos políticos a establecer la obligación de someterse a un control de confianza antes de ser registrados. Para ello exigimos a la autoridad el desarrollo de los protocolos respectivos, y que coadyuve con los partidos en la realización de esos controles. Invitamos a la ciudadanía a estar atentos a este proceso, castigando a los partidos que no estén dispuestos a pasar a sus candidatos por este filtro. Para elecciones subsecuentes, esto deberá quedar en la legislación electoral.
5. Reformar la legislación electoral de manera que el partido político que haya postulado a un representante popular sentenciado por actos criminales durante su gestión quede impedido de participar en la siguiente elección a ese cargo.
6. Retomar la agenda anticorrupción con el involucramiento directo de la ciudadanía en el diseño de instrumentos y procedimientos que doten al Estado de mecanismos vinculantes y efectivos para el combate a la corrupción, la adecuada fiscalización de los recursos públicos y la erradicación de la impunidad en los tres órdenes de gobierno. Garantizar, además, la participación de la sociedad civil organizada en la selección e integración de los órganos anticorrupción.
7. Impulsar una reforma policial democrática que permita contar con policías profesionales en todo el país, certificadas institucionalmente y que rindan cuentas a la sociedad mediante la incorporación de mecanismos de supervisión.
Los firmantes invitan a organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión, artistas, intelectuales y ciudadanos en general a suscribir este pronunciamiento enviando un correo a
Suscriben:
Alejandro Hope, Especialista en seguridad pública
Alejandro Martí, Presidente de México SOS
Alonso González-Villalobos, Abogado y Consultor
Andrea Ambrogi, Consejo Ciudadano de Puebla
Areli Rojas Rivera, Directora General de la Fundación Y Quién Habla por Mí?
Cecilia Real Rodríguez
Claudio X. González
David Eduardo Calderón Martín del Campo
Edna Jaime Treviño, Directora de México Evalúa
Elio Villaseñor, Iniciativa Ciudadana
Francisco Rivas, Director del ONC
Genaro Lozano
Giulliano Lopresti, Presidente de Crea México
José Octavio López Presa
Josefina Ricaño de Nava. Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia
Juan Francisco Torres Landa
Julio Madrazo
Luis Pérez de Acha, abogado
Mara Hernández
María Amparo Casar
María Elena Morera. Presidenta de Causa en Común
Miguel Ángel Dávila Guzmán
Miguel B. Treviño de Hoyos
Patricia de Obeso
Roger Bartra
Roy Campos