La Constitución mexicana es “humanista” porque otorga un reconocimiento relevante a los derechos humanos, entre ellos a las garantías procesales que tienen tanto el inculpado como la víctima u ofendido en algún delito, señaló la doctora Sara Pérez Kasparián, catedrática de la Universidad Anáhuac.
Durante la conferencia magistral “La actuación policial ante el nuevo sistema penal oral”, que impartió en la nueva sede a invitación de la senadora Ana Gabriela Guevara, destacó que la Carta Magna cuenta con una estructura muy importante en materia de derechos sociales.
“Hay una serie de derechos consagrados, hace muy poco se modificó el artículo primero de la Constitución mexicana para dar una importancia muy fuerte al reconocimiento de los derechos humanos, entre ellos los derechos procesales que tienen tanto el inculpado como la víctima o el ofendido en un delito”, recalcó.
Aseguró que como norma suprema “es una Constitución muy humanista, aunque en la práctica a lo mejor se pueden producir violaciones, pero eso forma parte de que el ser humano no es perfecto”.
Explicó que México tiene sistema acusatorio que se está implantando poco a poco en los estados de la Federación. Se trata de un sistema donde todo es oral y siempre tiene una base que es una carpeta con documentación que lleva a cabo la policía investigadora.
“Aunque se diga acusatorio, porque hay que valorar todo escrito, hay que desahogarlo en la audiencia oral, pero tiene un matiz muy remoto, tiene una base del sistema inquisitivo donde la escritura tiene una primacía”, indicó.
Señaló que el debate de un juicio de esta naturaleza requiere la presencia indispensable de todos los sujetos procesales: el acusador, el defensor con el imputado y el juez. La oralidad implica que va a haber una identificación arquitectónica de las partes, abundó.
En su opinión, esa es una desventaja que tienen en la actualidad los investigadores con el nuevo sistema. En el método tradicional se usa mucho la escritura, las audiencias no tienen inmediación y por tanto el juez no tiene previo conocimiento de la información a la que va a referirse en la audiencia.
A esa magistral conferencia asistió un grupo de trabajadores despedidos injustificadamente por el empresario Federico Bracamontes Baz, propietario del periódico Diario de México que desde hace 60 años circula en el Distrito Federal, con el propósito de solicitar la intervención de los senadores que integran la Comisión de derechos Humanos que preside la legisladora Angélica de la Peña.
Ahí entregaron un documento que textualmente dice:
“Por este conducto, un grupo de reporteros al servicio del corporativo Grupo Braca, propiedad de la familia Bracamontes Baz, se ve en la necesidad de recurrir a su valiosa intervención, en busca de justicia, con la seguridad de que nos conducimos con verdad y con la esperanza de lograr la ayuda que requerimos para evitar que se sigan violando nuestros derechos humanos consagrados en la Constitución.
“Somos trabajadores que tenemos entre 61 y 50 años de edad y cuando el señor Federico Bracamontes Baz nos despidió injustificadamente en marzo del 2008, le solicitamos la indemnización correspondiente, pero solo obtuvimos como respuesta un haz lo que quieras, si quieres demándame, pero yo no te pago nada, soy muy influyente y nadie me puede obligar a nada.
“Por ello acudimos a presentar demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y efectivamente, nos dimos cuenta que esos empresarios gozan no solo de la protección de las autoridades laborales, sino además de los abogados litigantes que se confabulan para cansar a los trabajadores para que dejen la demanda en el olvido y así favorecer a los patrones.
“Hay una veintena de casos documentados. Pero nuestra demanda cumplió cinco años y también fuimos víctima de las marrullerías de los abogados que contratamos, pues en algunos casos dejaron solo al trabajador en las audiencias y como pudo se defendió, pues tampoco la autoridad laboral me proporcionó el abogado defensor de oficio a que tiene derecho todo trabajador, como lo muestra el expediente respectivo.
“Senadora Angélica de la Peña, por ello acudimos a usted para solicitar que abandere esta causa, en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, toda vez que se trata de un caso de auténtica violación a los derechos laborales, pues además de que el propietario de ese periódico se niega a pagar lo correspondiente al despido injustificado, también evadió el pago de Afore e Infonavit y ahora que algunos estamos en condiciones de solicitar pensión ante el IMSS, no tenemos nada de esa empresa, lo que nos condena a una vejez de miseria.
“No somos el único caso, senadora, hay asuntos dramáticos que han llegado al suicidio en las mismas instalaciones del periódico por la negativa de los empresarios a pagar las prestaciones sociales.
“La historia de impunidades laborales de estos patrones es larga por el influyentismo que dicen tener y con este fundamento le solicitamos su valiosa intervención”.