Puro verbo
El Senado de la República no puede ni será omiso ante el delito grave y doloroso que representa la desaparición forzada de personas, aseguró el senador panista Fernando Yunes Márquez.
“Tenemos la responsabilidad de actuar de manera inmediata para tratar de que con leyes eficaces este terrible delito disminuya lo antes posible”, dijo.
El presidente de la Comisión de Justicia señaló que durante mucho tiempo la desaparición forzada de personas fue un problema silencioso que dañó las entrañas de la sociedad mexicana desde la denuncia ignorada, la lucha sin respuesta hasta la indolencia de las autoridades.
En el marco inaugural del segundo de tres foros que se realizarán de cara a la dictaminación de las iniciativas en la materia, mencionó que los senadores están conscientes de que se trata de un problema que va más allá de Ayotzinapa o Tierra Blanca.
“Cada una de las 27 mil personas desaparecidas en México tienen la misma importancia y valor; sin embargo, la gran mayoría continúan en la impunidad o, por el contrario, no se encuentran documentados en expedientes judiciales derivados de la falta de confianza en nuestras autoridades”, subrayó.
Precisó que actualmente el delito de desaparición forzada en el orden jurídico nacional no ha sido de ninguna manera eficaz, pues si bien se encuentra regulado a nivel federal, únicamente 22 de las 32 entidades federativas lo sancionan y sólo Chiapas y Guerrero han expedido leyes especiales sobre el mismo.
En su opinión, la desaparición de personas constituye una de las más crueles violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de violentar la dignidad humana, y por tanto no existe razón que justifique la desaparición de ninguna persona y mucho menos cuando es orquestada por las propias autoridades o cuerpos policiacos.
Por ello, el legislador consideró que la expedición de la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en esta materia “es un paso fundamental para atender este fenómeno delincuencial de una manera integral, sin limitarse al ámbito penal, abarcando una diversidad de sectores y para establecer una ley aplicable en todo el país”.
Añadió que con esta nueva ley se pretende lograr que el delito de desaparición forzada sea igual en los tres niveles de gobierno, a la par de una mayor seguridad jurídica para todas las personas, así como un ordenamiento acorde a los tratados internacionales de los cuales México es parte.
Yunes Márquez destacó la necesidad de un marco jurídico que establezca la distribución de competencias y la forma de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, los tipos penales, la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas y un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, así como la de un registro forense nacional.
Es preciso, agregó, contar con una Ley General que garantice la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas o no localizadas, que son el derecho a la verdad, a la memoria y a la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas.
Hizo notar que adicionalmente los senadores trabajan para reformar la Ley de Atención a Víctimas, así como su Comisión Ejecutiva, para que ésta sea mucho más eficiente, humana y dé un mejor servicio a todos.
Dejó en claro que las senadoras y senadores refrendan su compromiso para lograr un producto legislativo que atienda y resuelva las problemáticas ocasionadas por este grave delito.
Para finalizar, el senador Yunes Márquez informó que la Ley General será elaborada y perfeccionada con base en los testimonios y recomendaciones de los familiares de las víctimas. “Ustedes mejor que nadie pueden compartirnos de viva voz las trabas que se les han presentado en esa búsqueda incansable para localizar a sus seres queridos”.