*Son mujeres analfabetas, campesinas sin tierra, y desempleadas
*97 por ciento de los ejidos y comunidades cuentan con un hombre como comisariado ejidal y sólo 3 por ciento, corresponden a mujeres
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hay 43 millones de mujeres rurales, que son en general, campesinas sin tierra, analfabetas, desempleadas o subempleadas, y que representan la feminización de la pobreza, caracterizada además por problemas de hambre, desnutrición y enfermedades, subrayó la senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
Al inaugurar el Foro “Las mujeres y la tenencia de la tierra en México”, la presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, destacó que de acuerdo con información del INEGI de 2015, la población rural en el país es de aproximadamente 28 millones de personas, de los cuales la mitad son mujeres.
Sin embargo, la mayoría de los programas de reforma agraria o de las leyes, directa o indirectamente vinculadas con el acceso a la tierra, han excluido a la mujer, pues no garantizan su acceso al recurso.
En este sentido, la senadora reconoció que se necesita introducir cambios en las estructuras jurídicas para mejorar el acceso de la mujer a la tierra. La incorporación de reformas jurídicas y de normas legales para garantizar la igualdad de derechos para hombres y mujeres, agregó, son condición necesaria para el acceso de la mujer a la tierra. “Ignorar el papel de la campesina como productora conduce a que, por un lado, ella no exija sus derechos y por el toro se vea marginada del acceso a la tierra y de todos los servicios asociados con la producción, como crédito, asistencia técnica y capacitación y para eso estaos aquí”, aseguró.
En su turno, el senador José Marco Antonio Olvera Acevedo señaló que las mujeres de la industria textil, fueron las que, en la ciudad de Nueva York, iniciaron un gran movimiento en el que decían: “pan y rosas para las mujeres”.
Hoy, consideró, se debería decir “pan y rosas para nuestras mujeres”, pues la reforma agraria no incluyó la figura femenina, ya que siempre se hizo referencia a ejidatarios, hombres.
“No sé qué error o qué exclusión histórica cometimos en esa fecha o en ese proceso, que dejamos a las mujeres en el mismo nivel de preparar la comida; y qué harían los ejércitos o qué harían los revolucionarios si no hubiera quién se encargara de lo que ahora pomposamente llamamos logística, sobre todo la cuestión alimenticia”, argumentó.
Por su parte, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz aseveró que la desigualdad de género es una de las causas y efectos principales del hambre y de la pobreza. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo, se estima que el 60 por ciento de las personas que padecen de hambre crónica en el mundo, son mujeres y niñas.
A nivel nacional, agregó, las mujeres ocupadas en la zona rural sumaron más de tres millones, lo que representó el 16 por ciento del total de la población femenina ocupada a nivel nacional.
Del total de superficie ejidal o comunal, -poco más de 40 millones de hectáreas-, la mujer coparticipa con 7.9 por ciento, lo que significa que 3.2 millones de hectáreas del total de superficie privada, colonia pública, y participa con el 5.7 por ciento.
El legislador también detalló que los estados de Veracruz, Puebla, México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo, son los que tienen mayor número de unidades de producción, encabezadas por mujeres. 97 por ciento de los ejidos y comunidades tienen comisariado ejidal hombre, por lo que sólo 3 por ciento, corresponden a las mujeres a nivel nacional.
Finalmente, la senadora María Hilaria Domínguez Arvizu advirtió que para lograr que la mujer se integre completamente al proceso de desarrollo, es urgente realizar proyectos productivos dirigidos a las comunidades, bajar “tanto burocratismo” y quitar las reglas de operación.
“Más que dar, hay que enseñarle a producir para que no coma un día y deje de comer una semana”, sostuvo. Se tendrán que lograr acuerdos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para poder reestructurar las reglas de operación y los programas transversales, puntualizó.
Los programas, agregó, tienen que ir directo a las comunidades, integrar a todas las mujeres, a las de la ciudad y a las del campo.