Guillermo Pimentel Balderas/ Ciudad de México.- En el marco de la Tercera Sesión 2013 del Comité Permanente de Control y Seguimiento (COPECOSE), el Titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar exhortó a los dirigentes y representantes de las organizaciones campesinas a reforzar los acuerdos y compromisos que favorezcan a los campesinos, y los alentó a expresar sus reflexiones y propuestas que contribuirán a construir un nuevo rostro para el campo mexicano.
En su mensaje, al abordar el tema “El movimiento campesino en el desarrollo agrario, territorial y urbano”, con la presencia del Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rolando Ramírez Cámara, quien con la representación del Titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, clausuró la sesión del COPECOSE, el Procurador Agrario nacional, resaltó que el agro nacional enfrenta hoy un horizonte de oportunidades para su recuperación y desarrollo.
El Procurador Agrario nacional dijo que en el seno del COPECOSE se ha reflexionado sobre los alcances de la Iniciativa de Reforma a la Ley Agraria presentada el 27 de noviembre de 2012, particularmente en lo que se refiere al tema de dominio pleno, sugiriendo las organizaciones campesinas participantes formular un pronunciamiento al respecto.
“En este afán, hemos acordado establecer un grupo de trabajo con las organizaciones campesinas para analizar el actual marco legal agrario, y juntos proponer adecuaciones que permitan alcanzar sus fines y propósitos”, afirmó.
“Son muchos los componentes de este escenario. Juntos lo hemos construido con esfuerzo y también con sacrificios. Las oportunidades no son obsequios ni milagros, sino resultado del trabajo compartido. Tampoco son certezas que nos permitan declarar el triunfo anticipado. Son opciones verdaderas y objetivas que podemos aprovechar con trabajo, iniciativa, dedicación y compromiso”, destacó.
López Aguilar recordó que el pasado seis de noviembre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció la puesta en marcha de una política agroalimentaria, cuyo principal objetivo es lograr una mayor producción de alimentos a partir de una productividad; asumiendo dos compromisos estructurales:
El primero de estos compromisos, apuntó, es pasar de los subsidios a los incentivos productivos, transitando de un enfoque asistencialista a una visión moderna del campo mexicano. El segundo, implementar políticas públicas diferenciadas a fin de apoyar con mayor vocación a los productores de autoconsumo, sin dejar de atender la agricultura comercial.
El Ombusman agrario explicó que dicha política agroalimentaria contempla siete estrategias para alcanzar sus metas, de las cuales resaltó, en primera instancia, el respaldo a los pequeños productores, la cual trata de incentivar la producción a partir de una mayor certeza jurídica en la tenencia de la tierra y esquemas de asociación.
Al respecto, consideró que la Procuraduría Agraria tiene mucho que ver, pues el ordenamiento y la regularización dan certeza plena al patrimonio de los núcleos agrarios y a sus integrantes que conquistaron la tierra con su lucha. Además, subrayó que el estado de derecho no es sólo condición para la convivencia y su gestión democrática, también lo es para el desarrollo agrario integral y contribuye a la equidad y la igualdad. “Hacia estos fines están enfocadas nuestras acciones institucionales”, subrayó.
El funcionario federal expuso a los presentes que las demás estrategias nos contemplan: incrementar la disponibilidad de fertilizantes mexicanos; facilitar el uso de semillas mejoradas y asegurar la sanidad de los alimentos; incrementar el riego en todo el país; mayor crédito y servicios financieros para el campo.
La sexta estrategia, precisó, habla de sincronizar la oferta y demanda de productos agropecuarios, incentivando el adecuado funcionamiento de mercados agropecuarios, a través de la implementación de una red nacional de logística agroalimentaria, mientras que la séptima, destaca contar con un moderno marco legal para dinamizar el sector agroalimentario del país. “Por eso, iniciamos una nueva etapa para la gran reforma del agro mexicano, sustentada en la transformación del marco jurídico”, señaló.
En este propósito, manifestó que la participación de los campesinos y sus organizaciones es vital; ya que en la reflexión se constituyen en un espacio para el acuerdo, refrendando el interés por parte de los organismos participantes en el COPECOSE, sobre la pertinencia de realizar las adecuaciones al marco legal agrario, “siempre y cuando éstas se traduzcan en oportunidades de desarrollo. Para aprovechar las oportunidades es esencial la claridad en los derechos y las normas, certeza en la propiedad y en las libertades que de ella se derivan. Pero también es requisito la justicia y la equidad”, consideró.
Por parte de los dirigentes y representantes de las organizaciones campesinas y sociales, asistieron: el diputado Oscar Bautista Villegas y Mónica Clara Molina de la Confederación Nacional Campesina (CNC); José Durán Vera, de la Unión Campesina Democrática (UCD); Juan Rojas Pérez del FRCYT; Israel Garzón Ramírez, del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (CONSUCC); José Antonio Euan Martínez; de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM); de la Central Campesina Independiente (CCI), Francisco Rojas Pérez y Adalberto Cortez Cristóbal; Ruvi Zulema Rodríguez Menchaca, de la Confederación Agrarista Mexicana (CAM); Carlos Flores Mariscal, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM); Eduardo Hernández Ponce, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre otros.
De la Procuraduría Agraria, se contó con la presencia del Subprocurador General, Rubén Treviño Castillo; del Coordinador General de Delegaciones, Francisco García Manilla; de la Directora General Jurídica y de Representación Agraria, Norma Silvia Lópezcano Aveleyra; de la Directora General de Organización Agraria, Irma Cristina Gómez Pruneda; de la Secretaria Técnica de COPECOSE, Hortensia Eréndira Girón Flores, y de Catalina Rodríguez Riveralo, Directora General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural.