El senador Manuel Camacho Solís denunció que hay una decisión política del "más alto nivel" para que no se permitan debates en materia energética.
Recordó que la Reforma Energética ha sido reservada como si fuera un secreto de Estado a pesar de la gran trascendencia que se le presumey su proceso de presentación y se aprobó sin debate y con el respaldo de una propaganda engañosa, excesiva y nada transparente.
“Para la aprobación de las leyes persiste la misma negación al debate. Todo se ha guardado con hermetismo, y ahora se pretende sea aprobado”, dijo.
El legislador consideró que la reforma carecerá de legitimidad y la única manera de dársela es a través de la consulta popular, pero acusó al PRI y PAN de querer quitarles también ese derecho a los ciudadanos.
Camacho Solís dijo que la reforma adolece de severas limitaciones como la meta de producción prevista para 2018, la cual consideró inalcanzable y es una meta fijada por una decisión política, “porque saben que el calendario electoral se les vendrá encima y chocará con las expectativas no realizadas”.
También mencionó que habrá que sortear obstáculos no resueltos como la disminución de la demanda de Estados Unidos de crudo pesado, la falta de configuración las refinerías y los problemas de infraestructuras portuarias, de ductos y de distribución.
Explicó que hay también un conflicto fiscal no resuelto, pues para que los inversionistas extranjeros inviertan, tendrán un régimen menos duro que el de Pemex, además de que persistirán los problemas internos de la empresa como la ineficiencia, la falta de transparencia y el contratismo.
“Los cálculos que ha hecho el Gobierno se sustentan en una lógica dogmática, donde se concluye que la economía no crece por falta de reformas. Otra vez el espejismo de la riqueza nacional, igual que las otras apuestas del pasado”, dijo.
Mencionó que está de por medio la solicitud de los ciudadana para llevar la reforma a consulta popular, y a sabiendas de que el Gobierno hará todo lo posible para evitarlo, destacó la importancia que esa decisión podría tener para la Suprema Corte de Justicia y los efectos que tendría un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso.
“Será prácticamente imposible que el gobierno cumpla con todos sus ofrecimientos sociales, más allá de que anuncie algún programa demagógico sostenido con recursos fiscales para mostrar que se han cumplido los compromisos”, concluyó.