Dado que el alcoholismo entre los jóvenes ha crecido en los últimos años, la diputada María Joann Novoa Mossberger solicitó a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal vigilen que se cumplan las leyes y reglamentos que prohíben la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
La presidenta de la Comisión Especial para la Niñez dijo que, de acuerdo con la organización Convivencia sin Violencia A. C., 50 por ciento de los adolescentes en México prueba este tipo de bebidas a los 12 años y a los 14 las ingiere por lo menos 3 veces al mes.
Además, uno de cada seis, es alcohólico; 10 por ciento de 12 a 17 años ha tenido problemas con la autoridad al conducir ebrios y el 5 por ciento al participar en peleas. Los accidentes originados por el abuso de alcohol son la primera causa de muerte en personas de entre 15 y 24 años; 15 mil jóvenes fallecen al año en estos o en actos violentos.
Mencionó que en la actualidad hay una nueva forma de vender bebidas embriagantes, como las denominadas “micheladas”, “gomichelas”, entre otras combinaciones que van desde el ron, vodka, tequila con bebidas energizantes o drogas.
Tales bebidas, agregó, son ofrecidas en casas, puestos improvisados, tienditas o establecimientos que muchas veces no cuentan con los permisos correspondientes, “vendiéndolas libremente a menores de edad, además de ofrecer bebidas adulteradas, las cuales son elaboradas con alcohol metílico o metanol”.
Novoa Mossberger argumentó que en las “tardeadas”, el consumo de bebidas alcohólicas y enervantes está al alcance de los jóvenes entre 12 y 17 años de edad.
En estos lugares, resaltó, aumenta el riesgo de que niñas, niños y adolescentes adquieran problemas graves de salud, afectando su entorno social y vulnerando su integridad física, moral e incluso su vida. En ellos, además del alcoholismo, se fomentan la violencia y compraventa de drogas.
Por ello, la diputada del PAN pidió que la autoridad competente verifique de manera permanente la venta de bebidas a este sector de la población, “quienes por su corta edad no visualizan los enormes riesgos que corren al consumir estos productos ilegales”.
Refirió que en la Ley General de Salud se establece la corresponsabilidad de los gobiernos estatales para la verificación y el control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
El Código Penal Federal marca sanciones que van de cinco a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días, por el delito de corrupción, si se obliga o facilita a los menores de 18 años de edad el consumo habitual de bebidas alcohólicas y el de sustancias tóxicas.
En un punto de acuerdo, detalló que a nivel estatal se prevén algunas disposiciones que establecen las competencias y atribuciones de ayuntamientos o delegaciones en la materia, regulando aspectos como la manipulación de botellas destapadas, preparación, porcentaje de alcohol (cerveza: de 3 a 8%), así como clasificación de los establecimientos.
Relató que algunos Reglamentos de Bebidas Alcohólicas de los gobiernos locales, se establecen tipos de licencia para estos negocios; prohíben la entrada a cantinas, bares, y centros nocturnos a menores de 18 años de edad, así como a discotecas en las que se les expenda algún licor, y consideran que estos no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas u otros sitios de reunión de niños y jóvenes.
A nivel federal, agregó, se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones en 2007, en la que se crearon los “Centros Nueva Vida”, que constituyen la red de servicios preventivos, para brindar información, orientación, consejería y tratamiento en entidades federativas para asistir a las personas adictas y familias que lo requieran.
La diputada María Joann Novoa argumentó que si bien dichas acciones son relevantes, el alcoholismo es un problema de salud pública que ha crecido en los últimos años de manera exponencial, pero se perfila como un gran reto a superar, sobre todo en cuanto a recursos e infraestructura de atención.
La proposición fue presentada en la sesión de la Permanente y se envió a la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública).