El senador Marco Antonio Blásquez Salinas pidió al gobierno federal que endurezca sus sistemas de vigilancia para evitar el tráfico ilegal de gasolina de las ciudades de la frontera norte hacia el centro-sur del país, debido a que el diferencial de precio por litro es de hasta $6.47, lo que resulta ampliamente atractivo para los contrabandistas.
A las ciudades fronterizas mexicanas se les homologa el precio de las gasolinas Magna y Premium con las de su "espejo" estadounidense, explicó Blásquez Salinas y dijo que esto provoca que en ciudades como San Luis Río Colorado el precio por litro sea de $7.21; en Mexicali de $9.03, mientras en las zonas no fronterizas es de $13.57".
Esto, enfatizó el legislador bajacaliforniano, podría provocar que las bandas de contrabandistas, coludidas con concesionarios desleales, "ordeñen" los depósitos de las estaciones fronterizas para traficar el producto en ciudades no suscritas al convenio, ya sea en las propias estaciones de gasolina o en el mercado negro.
"Si esta perniciosa práctica se diera, por ejemplo, entre San Luis Río Colorado y Ensenada, se tendría un margen de $6.47 por litro, una ganancia de 260 mil pesos por pipa de 40 mil litros, por el hecho de transportar el producto 300 kilómetros", precisó el senador.
Añadió que actualmente operan impunemente 2,500 tomas clandestinas de gasolina que provocan un desfalco de 16 mil millones de pesos anuales a Pemex. "El colmo sería permitir que los propios concesionarios, a muchos de los cuales se les acusa de servir gasolina adulterada y litros incompletos, se les permita sacar ventaja del diferencial de precio".
Indicó que el convenio de homologación es de los pocos estímulos federales con que cuenta la maltrecha economía de la frontera norte e insistió en que “pongo sobre aviso a las autoridades a fin de que tomen las medidas pertinentes que impidan este pillaje y no después quieran cobrársela a los consumidores desconociendo la homologación, lo que afectaría a más de 12 millones de personas".
Blásquez recordó que en 2009 se presentó un caso de mercado negro de diésel de las fronteras mexicanas a las estadounidenses, lo que provocó que SHCP endureciera las políticas de precios al diesel, estableciendo un solo y elevado precio de este combustible en todo el país.
"Hay que dejarle claro al gobierno que el contrabando no lo practican los ciudadanos, sino bandas organizadas entre las que se cuentan concesionarios desleales y personal de Pemex. Y es obligación del gobierno federal detectarlos y sancionarlos", concluyó.