Va por consulta popular
El fundador y ahora ex militante del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exigió una consulta popular nacional sobre las reformas energéticas y pidió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto detener las licitaciones de áreas petroleras que son patrimonio de todos los mexicanos.
Además demandó al Congreso de la Unión que se sume a la exigencia de que se abran al conocimiento público todas y cada una de sus cláusulas de los contratos petroleros, antes de ser firmados.
“Por siempre hemos buscado el diálogo y presentado propuestas, con el único propósito de contribuir a la construcción de acuerdos que mejoren la operación de la industria petrolera y de los energéticos para el país”, expuso Cárdenas Solórzano.
Destacó que la puesta en marcha de las reformas energéticas peñistas dan por terminada la protección que alguna vez tuviera México sobre sus hidrocarburos.
Y añadió: “Se termina así con la soberanía energética de México, porque hoy 15 de julio el gobierno de la República asigna los primeros contratos de producción petrolera a empresas mayoritariamente extranjeras.
“Con esa acción se inicia la consumación de un crimen más de lesa patria y el país retrocederá a la subordinación que, en esta materia, predominó hasta antes de la expropiación petrolera de 1938”.
El hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien expropió la industria petrolera que hoy vuelve a pasar a empresas privadas extranjeras, recapituló sobre las afectaciones que este cambio en la política energética tendrá en todos los ámbitos de nuestro país, desde el gasto social hasta la perdida estratégica de control por parte del Estado:
“La pérdida de control sobre esta área estratégica de la economía nacional se inició en el momento en que el titular del Ejecutivo y los partidos que lo apoyan reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en diciembre de 2013.
“Esta reforma incluso carece de “entes reguladores con la experiencia y fuerza necesarias para controlar a las grandes empresas supranacionales que dominan este sector”.
Como resultado, el Ingeniero augura una agresión frontal a quienes vivan en las regiones con hidrocarburos a ser entregadas, con particularidad vulnerabilidad de los pueblos originarios; la poca rentabilidad de esta entrega para el Estado, ya que la carga hacendaria pasará de más de 70 centavos por cada peso, a menos de 20 centavos; y con la reforma de 2008 se ha comprobado que los entes privados “a la vuelta de cinco años, [tienen] una producción conjunta muy reducida, que apenas suma 49 mil barriles diarios.
Otro tanto, dijo, ha pasado con los contratos de servicios múltiples licitados en la cuenca de Burgos, años atrás. Estos ejemplos muestran que el ingreso de operadores privados no es la panacea que se ha publicitado.
Frente a este panorama de retrocesos inminente en el desarrollo del país, Cárdenas puntualizó las posibilidades de acción: “Hoy, ante la inminencia de regresar a un modelo de explotación petrolera que será paulatinamente concentrado en empresas trasnacionales, que ya en el pasado probó su inconveniencia para el progreso del país, exhortamos al gobierno federal a detener las licitaciones de áreas petroleras que son patrimonio de todos los mexicanos, dada su inconveniencia económica; a preparar una amplia consulta popular vinculatoria sobre las reformas, principalmente, al artículo 27 constitucional en materia energética y a construir, con la sociedad y sus organizaciones, un amplio acuerdo que permita reconstruir la confianza y diseñar una estrategia energética que convenga y fortalezca al país.
“Sería sumamente importante que los integrantes del Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, antes de la firma de los contratos petroleros, demanden que se abran al conocimiento público todas y cada una de sus cláusulas.
“Que revise la legislación aplicable para que la representación popular determine legalmente la vigencia de los contratos petroleros e intervenga en la determinación de los ingresos públicos que surgen de las cláusulas económicas de esos contratos, impidiendo que la SHCP los determine discrecionalmente.
“Convocamos a los ciudadanos y a sus organizaciones a emprender todas las iniciativas civiles a su alcance, con el propósito de mantener viva la lucha en contra de la entrega a intereses contrarios a los de México y los mexicanos de los recursos energéticos del país; para recuperar la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales y para que el Estado garantice el suministro energético, en su diversidad, calidad y precios, que permitan satisfacer las necesidades esenciales de toda la población”.