“La violencia incontenible que se vive en el país hace necesario que el Poder Legislativo contribuya decididamente, como parte del Estado mexicano, a hacer efectivas las garantías a la vida y a la integridad de sus ciudadanos, en especial porque en los dos últimos sexenios el gobierno no ha sido capaz de hacer efectivo uno de los fines principales del Estado: el de garantizar la seguridad y el derecho a la vida de sus ciudadanos”, afirmó Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Por ello, en su calidad de secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dio a conocer una iniciativa de ley en materia de desaparición forzada, la cual busca atender con dignidad a las víctimas y sus familiares en casos de desaparición forzada, “debido al estado de emergencia que se vive en amplias franjas del país, en donde el Estado ha sido absorbido por la violencia exacerbada de grupos los delincuenciales, situación que ha traído como efecto colateral el que miles de mexicanos hayan padecido desaparición forzada”.
Esto es, continuó, que han sido muy probablemente asesinados, con la consecuente incertidumbre para los familiares sobre el destino de sus seres queridos, como se confirma con el caso Iguala, hecho que ha dado paso al descubrimiento de incontables fosas con restos humanos, como lo denuncian familiares de las víctimas de Ayotzinapa.
Explicó que su iniciativa consiste en la expedición de una Ley General para la atención con Dignidad a las Víctimas de Desaparición Forzada, y la reforma a la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas, misma que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del pasado jueves 20 de noviembre.
El propósito específico es la creación de una Comisión Nacional para la Atención con Dignidad de Desapariciones Forzadas, como una instancia que sin suplir las funciones de la autoridad persecutora del delito, contribuya a la búsqueda de la verdad sobre el destino o paradero de personas, por lo que tendría un carácter de coadyuvante y en favor de una atención humana a las víctimas y a sus familias, comentó.
A la fecha, dijo, sigue el incumplimiento desde la administración federal anterior para entregar información cierta sobre el número de desaparecidos en México, por entidad, municipio o región; el actual gobierno, a través del Sistema Nacional de Seguridad, como lo establece la ley, no ha logrado integrar una base de datos creíble de víctimas, consultable para todo interesado, en especial para los familiares de las víctimas.
En tal virtud, consideró que existe una omisión por parte de dependencias de seguridad y procuración de justicia que no favorece la labor de instancias de derechos humanos u organismos internacionales, que tienen en su cometido la salvaguarda y protección de la vida y la integridad humana.
“Con lo que contamos es información aislada, parcial, incierta que da una idea de la magnitud del grave problema que se padece en el país, pero no así datos precisos y puntuales, aportados por familiares o por terceros que ofrezcan una idea exacta sobre el número de desaparecidos en México y de cómo atender la problemática desaparición forzada, así como la atención debida a los deudos”, apuntó el diputado federal.
Sostuvo que el problema que representa el alto porcentaje de personas desaparecidas desborda la pasividad institucional, por lo que consideró urgente establecer mecanismos de transparencia y evaluación de la autoridad, pues los familiares de las víctimas no pueden ser ignoradas”.