La presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, consideró indispensable elaborar un Código de Procedimientos Agrarios, a efecto de dar claridad y sencillez a los procesos legales del campo.
La legisladora resaltó que en la Comisión se tomó el acuerdo de trabajar en este receso en la redacción de un nuevo ordenamiento o de un capítulo relativo al procedimiento en la Ley Agraria para que esté listo este año.
“Debe ser algo consensuado. Hemos tenido eventos con magistrados; nos sugieren que no debemos bordar en el aire, que ellos saben qué se necesita y están dispuestos a dar elementos para realizar el código o capítulo procesal dentro de la Ley Agraria”, subrayó.
Dijo que los núcleos agrarios del país, aproximadamente 30 mil, se beneficiarían con el nuevo ordenamiento. No todos tienen problemas, abundó, ni son de la misma índole; por ejemplo, los administrativos están en la Procuraduría Agraria, y los jurisdiccionales están en los tribunales y es ahí donde se beneficiará a los sectores.
En entrevista, explicó que el procedimiento agrario se rige con el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual atiende situaciones entre particulares, “pero no es igual en la materia agraria, donde se debe dar un trato preferente a los ejidatarios sobre los particulares”.
Agregó que los procedimientos civiles son tardados y costosos, mientras que los de la materia agraria involucran a personas que deben tener una protección adicional, porque no cuentan con recursos económicos para pagar un perito.
Por ello, mencionó que un tema que deberá incorporar la normatividad es la “suplencia de la deficiencia de la queja a favor del ejidatario”, porque actualmente no se contempla en el Código de Procedimientos Civiles.
Además, dar agilidad a los procesos para combatir el rezago. “De acuerdo al Tribunal Agrario, de seis años a la fecha se ha resuelto el 50 por ciento de los asuntos que tenían rezagados; entonces, realmente no es mucho, pero son expedientes de muchísimos años y necesitamos sacarlos adelante”, puntualizó.
Manifestó que la Comisión coincide en que la situación del campo requiere profundos cambios para recuperar su dinámica de crecimiento y elevar el bienestar de los productores y trabajadores rurales, así como dar certidumbre jurídica e instrumentos para brindar una justicia expedita.