En uso de nuevas facultades constitucionales, aprobadas por el Congreso de la Unión el pasado mes de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Senado de la República llamar a cuentas al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, por ignorar las recomendaciones emitidas.
El organismo protector del pueblo justifica su petición en la indiferencia de Conagua, a pesar de que se le han acreditado violaciones a las garantías de la población por parte de servidores públicos de esa dependencia.
Son cientos de afectados con obras inconclusas, omisiones y presuntos actos de corrupción e incumplimiento de normas en las que aparecen como responsables los funcionarios de Conagua, evidencias con que se fundamentan las recomendaciones emitidas, pero sistemáticamente ignoradas por Luege Tamargo.
La CNDH asegura que el organismo vulnera los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad, posesión, trato digno, protección a la salud y vivienda adecuada de las víctimas.
Entre otras cosas, Conagua señala tiene obras incompletas por una serie de irregularidades y argumenta que los beneficios que pudieron derivar de su correcta operación, como es la disminución de los riesgos en la población por efecto de dichas inundaciones, no se concretaron subsistiendo el problema en 2011; por lo que se recomendó reparar los daños a todas las personas que hayan sido afectadas, concluir las obras hidráulicas para disminuir la vulnerabilidad de la población y tomar las medidas técnicas necesarias.
Por todo ello Derechos Humanos emitió las recomendaciones las recomendaciones, como ha sido el caso de la 61/2011, la 54/2011 y la 12/2010", pero fueron olímpicamente ignoradas por Luege Tamargo.
En repetidas ocasiones se le hizo notar a Conagua que la recomendación 54/2011 se refería a la contaminación del río Usumacinta, y la 12/2010, relativa a la descarga de residuos químicos al río Santiago en Jalisco que provocó la muerte de un menor.
Nada logró sensibilizar a los funcionarios del organismo, lo que obligó a que la CNDH recurriera a la aplicación, por primera vez, a las nuevas facultades que le otorga la Constitución y utilizar todos los mecanismos para que se repare el daño provocado a la población.