En apoyo a la propuesta de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno afirmó que acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), México es el único país de la región en que el salario mínimo no tuvo un repunte en la última década.
Recordó que la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo ha alcanzado el 74 por ciento en las últimas tres décadas. Señal que confirma que el esquema vigente ha fallado, por tanto consideró que existe la responsabilidad oficial de estos resultados. El gobierno ha permitido, ha tolerado y no ha corregido la evidente pérdida del poder adquisitivo del salario.
“Los 67.29 pesos de salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades de una familia, pero sobre todo, se aleja del espíritu de bienestar social consagrado en la Constitución General de la
República”, expresó la también Secretaría de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado.
Para cumplir el mandato constitucional, el salario mínimo debe ser al menos dos veces más de lo actual, indicó al señalar que para iniciar un camino de recuperación es necesario rediseñar la forma en que se determina el salario de un trabajador, modificar el esquema institucional y procedimental actual.
“Sería erróneo creer que el salario va a reposicionarse si seguimos aplicando el esquema vigente. No se le puede seguir confiando una tarea tan delicada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuando ésta ha dado muestras de ineficacia, ni se puede continuar aplicando un esquema arcaico, discrecional y deficiente”, dijo Barrales.
Por ello, consideró necesario modificar la forma en que se integra dicha Comisión, para que deje de tener un funcionamiento vertical, discrecional y dependiente del Poder Ejecutivo, dando mayor intervención a otros representantes populares, académicos y actores sociales.
Para lo que, anunció, están listas las propuestas de reformas
Legislativas a diferentes artículos constitucionales que garanticen la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
Indicó que ante la evidencia de los números y la gravedad de los efectos sociales que ha tenido la pérdida constante del poder adquisitivo salarial, no hay nada que debatir.
El tema no requiere de análisis, ni mesas de debate. Más allá de buscar pretextos legales o justificaciones económicas, la aprobación de estas modificaciones requiere voluntad política, por lo que será una buena oportunidad de mostrar el nivel de compromiso que tienen los partidos con los trabajadores del país.