El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y lo devolvió con cambios a la Cámara de Diputados.
El proyecto de decreto, que también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, se avaló con 85 votos a favor, nueve en contra y una abstención.
La asamblea rechazó las reservas que presentaron los senadores Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN, y de Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, para modificar los artículos 33, 34 y 62 del dictamen.
Previamente, en la discusión en lo general, senadores de los diversos grupos parlamentarios expresaron sus puntos de vista, a favor y en contra el proyecto de decreto.
Por el Grupo Parlamentario del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz reiteró su postura en contra del dictamen porque, dijo, se trata de una “simulación” y de una reforma contra del federalismo y de la soberanía de los estados.
El legislador asentó que el tema de la deuda pública es un problema político “y aquí lo vienen a resolver con una serie de planteamientos que ni siquiera son suficientes” para resolverlo, “por todas las vueltas que le dan”.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Luis Fernando Salazar señaló que el endeudamiento de Coahuila, entidad a la que representa, es lamentable e ilustra la necesidad de que exista una ley que ponga un límite al endeudamiento irresponsable.
Refirió que por la deuda de esa entidad se redujo el presupuesto destinado al rubro salud, y aumentó el costo de trámites como la obtención de licencias de conducir, el pago de la tenencia, el costo de un matrimonio o para obtener un acta de defunción; por lo que su voto a favor es para que se dé el primer paso para poner orden en las finanzas de los gobiernos locales, dijo.
Mario Delgado Carrillo, senador del Grupo Parlamentario del PRD, argumentó su voto en contra del dictamen al referir que se trata de un mecanismo de simulación, que sólo propone una flexibilización mayor en la contratación de deuda.
Dijo que esta ley no va a fortalecer las finanzas públicas, sino que amplía el “menú” de endeudamiento; y lo calificó “como una falsa salida a la insolvencia que tenemos en nuestro sistema de coordinación fiscal”.
El senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, comentó que esta ley tiene como principal finalidad que el dinero de los ciudadanos sea debidamente planeado, desde su recaudación hasta su gasto, con un componente importante de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Opinó que esto cobra la mayor de las relevancias, pues México no es un país rico y los limitados recursos con los que cuenta el gobierno deben ser optimizados para la creación de escuelas, obra, infraestructura y los servicios públicos que la población requiere.
Del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Jorge Luis Lavalle Maury refirió que en los últimos tres años el endeudamiento de los estados se incrementó en 17.7 por ciento, y del total de los créditos contratados, más del 50 por ciento ha sido comprometido con la banca comercial, que a su vez es acreedora de alrededor de 300 mil millones de pesos.
Consideró que esta ley permitirá poner orden y establecer reglas claras para dar certidumbre a los mexicanos e impedir que paguen un solo peso de cualquier financiamiento que haya sido adquirido irresponsablemente y que no esté dirigido para su beneficio.
La senadora independiente Martha Tagle Martínez advirtió que si bien la ley no será de la satisfacción de todos, es necesaria poner control en la contratación de deuda que ha sido desbordada por parte de gobiernos emanados de distintos partidos, y afecta directamente el equilibrio financiero nacional.
En 2003, precisó, la deuda sub nacional ascendía a 169 mil 909 millones de pesos, y ascendió a 418 mil millones en 2014, monto muy cercano a las participaciones federales destinadas al desarrollo de todos los estados y municipios, que suman 490 mil millones.
La senadora María del Rocío Pineda Gochi, del PRI, coincidió en lo anterior al precisar que las garantías de las contrataciones de deuda son precisamente los ingresos de las participaciones federales, por tanto, se compromete la prestación de servicios públicos y el patrimonio estatal y municipal.
Estableció que no hay duda alguna de que el nuevo enfoque administrativo y transparente conducirá al país por camino de crecimiento sostenido, lo que permitirá potenciar sus efectos redistributivos a la población en general, por lo que el compromiso del Senado es lograr un país eficiente.
La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna aseguró que este dictamen permite que el gobierno federal otorgue garantías para refinanciar deudas estatales sin que se asegure que los financiamientos previamente adquiridos, cumplan con lo que marca la Constitución y las leyes aplicables.
Por tal motivo, en caso de que se solicite una garantía para refinanciar o restructurar deudas adquiridas con anterioridad, el estado o municipio que la solicite, deberá respaldarla con el resultado de una auditoría que verifique que la contratación de dicha deuda se haya realizado, cumpliendo con las disposiciones constitucionales, precisó.
El senador del PAN, Víctor Hermosillo y Celada manifestó que esta ley está en contra de los estados y municipios, ya que a través de ella la Federación controlará sus finanzas, “es un tema muy delicado, pues dónde queda la soberanía de cada entidad y el pacto federal”.
Estamos creando una república centralista llena de regulaciones que están hechas de complicidades y complacencias, y con ello, estamos creando un centralismo feroz, económico y electoral de un gobierno federal que no da ejemplo con sus actos y que no nos llevará a buen puerto, finalizó.