La Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyo objetivo principal es erradicar este delito.
Al fundamentar dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Miriam Cárdenas Cantú destacó que se aumentan las penas a quien cometa este delito con prisión de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo de manera permanente.
La legisladora detalló que con las reformas se cambia la denominación del ordenamiento para transformarla en Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. Es decir, se ha agregado el verbo erradicar en su título.
Explicó que esta instancia legislativa corrigió el documento enviado por Senado de la República, debido a que existía una confusión en identificar el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como si se tratase de una sola figura o concepto en sí, lo cual es inexacto y contrario.
Precisó que se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.
Asimismo, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Los delitos previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio.
Se establece que la prohibición a la tortura es absoluta, y por lo tanto el Estado mexicano en ningún caso podrá invocar circunstancias excepcionales para justificar hechos de este tipo, indicó.
Los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia y la seguridad nacional y pública, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para la orientación y asistencia a la población, con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal, añadió.
Asimismo, dijo, la organización de cursos de capacitación de su personal, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. La profesionalización de las instituciones de seguridad pública en una cultura de respeto a éstos. Se prohíbe la aplicación de la tortura hacia toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida.
Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para realizar las visitas y supervisiones que consideren sean pertinentes, a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de reinserción social del país, y también se incluye, en los órganos dependientes del Ejecutivo federal, encargados de la procuración de justicia puntualizó la diputada.