La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, con el cual se le garantiza plena autonomía.
Con 414 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones, se avaló en lo general el dictamen que establece que el Coneval será un órgano autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios y tendrá por objeto la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como emitir recomendaciones en términos de ley.
El documento remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales precisa que el Consejo Nacional emitirá los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, considerando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), independientemente de cualquier otra información que estime conveniente.
También, establecerá criterios y lineamientos para las metodologías de la revisión de la política de desarrollo social, así como de las estrategias, programas y acciones de desarrollo social.
De igual modo, evaluará periódicamente el cumplimiento del objetivo social de programas, acciones y estrategias de la política de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno y emitirá, en su caso, las recomendaciones que estime pertinentes.
El Consejo Nacional se integrará por un presidente y seis consejeros, además de un Consejo General, el Comité Técnico, las unidades administrativas que establezcan su estatuto y la contraloría interna. Este Consejo contará con los recursos financieros que le asigne la Cámara de Diputados, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado José Alejandro Montano Guzmán, expuso que con esta ley se contará con una institución sólida, profesional, confiable y cuya credibilidad sea indiscutible, ya que tendrá un Consejo General robusto, dedicado de lleno a la revisión y la evaluación de la pobreza, pues sus consejeros lo serán de tiempo completo.
Dijo que existirá un comité técnico de carácter auxiliar consultivo y supeditado al Consejo General, el cual lo apoyará en la formulación de la metodología para la medición de la pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social.
El Coneval, argumentó, llevará a cabo sus evaluaciones de forma periódica y las realizará sobre objetivos, estrategias, programas, acciones y metas en la política de desarrollo social, con la finalidad de que su revisión sea constante.
Montano Guzmán indicó que con dichas evaluaciones se podrán emitir las recomendaciones correspondientes para que las dependencias y entidades ejecutoras de los programas puedan corregir, reorientar, sustituir total o parcialmente un programa o acción social, “circunstancia que ofrecerá certidumbre a la sociedad sobre el adecuado ejercicio de los programas al alejarlos de fines político-electorales”.
Subrayó que los resultados de las evaluaciones se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación así como en el sitio de Internet del Coneval, y deberán ser entregados a las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como a la Secretaría de Desarrollo Social.
Mencionó que se establecen los plazos con los que deberán llevarse a cabo las mediciones de la pobreza, al establecer que la medición nacional y la estatal se hará cada dos años y la municipal cada cinco años. Será el 2015 cuando se presente la primera y 2016 cuando lo haga la correspondiente evaluación municipal.
Además, expresó, quedan establecidos los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia y rigor técnico, con los cuales el Consejo desarrolle las mediciones y evaluaciones de las estrategias, programas y acciones directamente relacionadas con las políticas de desarrollo social en el país.
El diputado Alejandro Montano puntualizó que con su aprobación el Estado se fortalece y cuenta con una institución capaz de evaluar eficazmente el acceso a las personas a sus derechos fundamentales.