La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta para incluir en las convocatorias de licitación pública un porcentaje mínimo de mano de obra local que los interesados deberán incorporar en los trabajos o servicios a realizarse.
Con 409 votos a favor y una abstención, se acordó adicionar la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual permitirá impulsar con mayor vigor el empleo de los recursos humanos del país y la adquisición o arrendamiento de bienes producidos en territorio nacional, así como contribuir a incentivar la economía nacional.
El documento, enviado al Ejecutivo federal paras sus efectos constitucionales, precisa que de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado “Estudio Económico sobre México”, los estados y municipios pueden mejorar o entorpecer la capacidad de sus territorios para generar crecimiento y atraer inversión a través de mecanismos regulatorios y la manera en la que ejecutan políticas públicas.
Añade que “las economías locales crecen cuando los factores productivos, como lo son el capital humano, financiero y físico, entre otros, se desplazan hacia los proyectos y los sectores más productivos, pero “en nuestros estados ocurre lo contrario: son territorios que no atraen inversión, no tienen un clima de negocios propicio, sus empresas se encuentran estancadas y gran parte de su mano de obra se emplea en actividades de baja productividad”.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), expresó que en México se destina entre el 15 al 20 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de proyectos de inversión física; sin embargo, de acuerdo con estadísticas de “México Evalúa”, la obra pública en el país tiene efectos limitados para promover el crecimiento económico y la equidad de oportunidades.
Las razones se deben a la enorme desconexión entre el nivel de gasto público realizado y los resultados obtenidos en cada sector. La causa de “estos elementos comunes, que explican esta gran falta de calidad y eficiencia del gasto público en el país, es que se usa de manera política el presupuesto y hay un arreglo disfuncional del gasto federal y la falta de mecanismos de control, de rendición de cuentas y los escasos indicadores relevantes para medir el impacto real del gasto”, señaló.
Mencionó que la obra pública en el país ha tenido una enorme contracción de 2012 a 2014, siendo 2013 el año crítico, al llevar una variación de menos del 4.5 por ciento. “Si bien la obra pública debería tener un impacto positivo en la vida de los mexicanos, ésta ha sido imagen de afectación cotidiana de la ciudadanía, el aplazamiento de ecosistemas, el daño de cultivos, el acaparamiento de aguas y otras situaciones”, indicó.
Con este dictamen, dijo, se intenta que se destine un porcentaje mínimo de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse, “lo que constituye mejores condiciones para el país, contribuye a la generación de empleos y cadenas de bienes y servicios que impulsen la participación del sector público y privado en los diferentes rubros de la economía”.
Sus beneficios serán: una derrama de recursos en el proceso de construcción; incentivar indirectamente la economía al lograr que la comunidad que trabaje en ella y requiera mejores servicios, se derrame y cubra las necesidades y dé empleo y mejores condiciones económicas a los habitantes de la comunidad.