El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 404 votos a favor, reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de que los artesanos, personas con discapacidad, jóvenes, madres jefas de familia y pequeños productores sean contratados en los procesos de adjudicación directa.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que el gobierno otorgará puntos extraordinarios a aquellas empresas que tengan por lo menos, en su plantilla laboral, el 5 por ciento de jóvenes de 18 a 25 años de edad con un mínimo de seis meses de antigüedad y que estén afiliados al Seguro Social.
También plantea que cuando el gobierno contrate asesorías externas o estudios o investigaciones, dé prioridad al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o a los centros estatales del ramo o sus derivados.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Rogerio Castro Vázquez señaló que las reformas a los artículos 14, 19, 21, 41 y 42 buscan otorgar puntos a las empresas que liciten una obra por contratar jóvenes de 18 a 25 años.
Además establece la intervención del Conacyt, en los estudios y asesorías que requiera el poder público.
Hace obligatorio que las dependencias publiquen su programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y determina que en el caso de los artesanos, se les entregue la adjudicación directa, ya que eso dará oportunidad a pequeños productores y grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco indicó que uno de los grandes problemas de la sociedad es el desempleo de casi siete millones de jóvenes, pues representan el 35 por ciento de la Población Económicamente Activa, por lo que estas reformas lograrán que en las licitaciones públicas se dé preferencia a las empresas que cuentan por lo menos con una plantilla laboral de un 5 por ciento de trabajadores entre 18 y 25 años.
Reiteró que “los jóvenes tienen que ser nuestra prioridad para poder impulsar el desarrollo presente y futuro de este país”.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres manifestó votó a favor porque se establecen las condiciones legales e institucionales para impulsar la incorporación económica de los jóvenes y sectores productivos que requieren mayor apoyo estatal.
Aseguró que estas modificaciones lograrán atender un problema de rezago social y generar valor agregado a las economías familiares y regionales, pues propician su contratación y la de los consejos estatales de ciencia y tecnología, cuando de asesoría e investigación se trate en las dependencias y entidades públicas.
Por su parte, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos sostuvo que la igualdad en todos los ámbitos de la vida social permitirá proteger e impulsar las cadenas productivas de las empresas nacionales y entrar a un esquema de fortalecimiento del mercado interno.
Indicó que su fracción seguirá pugnando para que el 30 por ciento de adjudicación directa no sólo no aumente, sino que sea absolutamente transparente y no se permita el compadrazgo, la corrupción, la opacidad ni el clientelismo.
El legislador Jesús Emiliano Álvarez López dijo que con ello se debe incentivar a las empresas que adquieren bienes, arrendamientos o servicios y que se sujetan a la evaluación de puntos y porcentajes en las licitaciones públicas; sin embargo, aclaró, esto no resolverá el problema de la falta de empleo para miles de jóvenes.
Consideró pertinente garantizar que en la realización de estudios, investigaciones y asesorías, se tomen en cuenta a los diferentes institutos de educación superior públicos. “No sólo se debe fortalecer el aparataje gubernamental, sino también a las instituciones educativas públicas que impulsan el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país”.