La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 416 votos, el dictamen para evitar que se otorgue autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado, sin que hayan pasado 20 años posteriores al siniestro y sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acredite fehacientemente que el ecosistema se ha regenerado totalmente.
El dictamen modifica la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con la finalidad de tipificar como infracción el realizar, en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio, cuya acción será sancionada con multa de 150 a 30 mil días de salario.
Con ello, se fortalece la protección de uso de suelo de terrenos forestales incendiados. Además, el Ejecutivo federal podrá decretar vedas forestales cuando tengan como finalidad la regeneración de terrenos incendiados, y se sustituye el término “veces”, con el de “días”, en referencia al salario mínimo estipulado para determinar el monto de las multas establecidas en la ley.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, indica que en los últimos 10 años la superficie afectada por incendios forestales es alarmante, ya que se han registrado de 2005 a 2015 un total de 87 mil 544 incendios, con una afectación de 3 millones 234 mil 41.88 hectáreas.
La deforestación durante el año de 2014 fue de 5 mil 261 incendios que afectaron a 154 mil 678 hectáreas. De incendios forestales intencionados o por errores humanos que se tuvieron en ese año, a octubre de 2015, suman 3 mil 720 con un total de 87 mil 948.21 hectáreas.
Por ello, señala, es necesario un marco jurídico más contundente para disminuir la cifra de los incendios forestales a su mínima expresión, con la finalidad de salvaguardar en forma ordenada y responsable el capital natural con el que cuenta el país.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputado Arturo Álvarez Angli, expresó que México es uno de los cinco países más ricos en diversidad biológica y la gran mayoría se encuentra en sus ecosistemas forestales; sin embargo, las actividades agrícolas y ganaderas han representado los factores centrales del cambio de uso de suelo en el país.
Precisó que uno de los graves problemas que enfrenta el campo mexicano es el que representan los incendios forestales, que generalmente son ocasionados por el uso indebido e irresponsable del fuego en esas áreas del país.
“Hemos destruido una gran cantidad de nuestros recursos forestales en aras, generalmente, de darle un uso diverso al suelo, principalmente en actividades productivas o simplemente con el propósito de mantener ociosa la superficie siniestrada, para justificar el cambio en aprovechamiento o explotación de otro tipo de recursos diversos de los forestales”, alertó.
El dictamen, expuso, tiene la finalidad de hacer más drástica la medida legal para lograr el objetivo de regenerar el suelo siniestrado; por ello, debe transcurrir el periodo de los 20 años y demostrar la regeneración absoluta y total del ecosistema, para autorizar el cambio de uso de suelo.
Álvarez Angli mencionó que estos cambios permitirán lograr la regeneración de los bosques y selvas que son afectados por el mal manejo de fuego, y se pretenden erradicar las nocivas prácticas de incendios de predios que generan un pasivo ambiental considerable en las áreas forestales del país.
En los posicionamientos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (Encuentro Social) resaltó que el objetivo es inhibir los incendios forestales provocados, en razón de las grandes afectaciones que se producen a los bosques y selvas del país. “Se hace necesario reforzar y endurecer el marco jurídico para disminuir el número de quemas”, manifestó.
Los procesos de remediación y restauración resultan onerosos y tardados; se necesitan de 15 a 25 años para lograr la reforestación de un área afectada por un incendio forestal. El manejo incorrecto de los usos de suelo de las áreas incendiadas, se traduce en la mayoría de las ocasiones, en la imposibilidad de lograr la restauración natural de los sitios afectados, precisó.
Francisco Javier Pinto Torres, diputado de Nueva Alianza, mencionó que México es un país forestal, porque un 70 por ciento de su territorio, es decir, poco más de 140 millones de hectáreas tienen el potencial ecológico para sostener recursos forestales; sin embargo, todos estos se encuentran en grave peligro y tienden a desaparecer a una velocidad de 600 mil hectáreas por año.
Por ello, dijo, se tiene la responsabilidad de controlar, subsanar y prevenir los factores que destruyen los recursos. “Al establecer mejoras en la norma, se crean las condiciones para disfrutar un medio ambiente más sano. La norma se fortalece ante un severo panorama de deterioro ambiental, explotación inadecuada e incremento acelerado de factores que contribuyen al cambio climático”, explicó.