Durante la discusión de La Ley Reglamentaria sobre el Derecho de Réplica el senador Manuel Bartlett sentenció que este ordenamiento “favorece a los medios y no a los ciudadanos”, mencionó que es anticonstitucional porque no amplía el derecho, por el contario, lo limita siempre en beneficio de las televisoras.
“El ciudadano tendrá que litigar con televisa y tv azteca, quienes realizan verdaderas masacres con su pandilla de abogados, además deberá pagar la defensa de su honor el tiempo necesario, ¿cuántos ciudadanos podrán hacerlo?”, cuestionó el coordinador de los senadores petistas.
Dijo que se trata de una reglamentación anticonstitucional porque “No contiene la regulación de un derecho de réplica –sino en todo caso de un derecho a la rectificación- ni maximiza el derecho de réplica en contra de los artículos 6 y 1 de la Constitución, y 14 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.
Añadió que el dictamen en cuestión: “deja fuera a los grupos sociales que no estén constituidos legalmente y no cuenten con un representante legal. Es decir, las ONG´s podrían quedar sin protección”.
El senador Bartlett fundamentó con los siguientes argumentos que se trata de una ley con deficiencias porque : “1) favorece a los medios y no a los gobernados, 2) restringe el alcance protector del derecho de réplica y en realidad se regula una rectificación, 3) contempla un procedimiento judicial farragoso que hace nugatorio el derecho, 4) determina la carga de la prueba en el titular del derecho (el afectado está obligado a comprobar su inocencia), 5) faculta a los medios a negar las réplicas con cualquier pretexto –Artículo 19-, 6) no garantiza el derecho de réplica de los colectivos que no están constituidos jurídicamente y, 7) las sanciones a los medios implican multas, jamás se contemplan la revocación de una concesión, permiso o autorización”.
Previo a la discusión del dictamen, Bartlett Díaz presentó una moción suspensiva, para evitar la discusión del dictamen, el cual no fue acompañado de un impacto en materia presupuestal, como exige el Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, que tampoco ha sido motivo de la consulta a los expertos ni audiencias con académicos ni reuniones de trabajo con ellos.
Dicha moción fue rechazada con los votos del PRI, PAN y PVEM, quienes finalmente, después de casi siete horas de estériles discusiones, la aprobaron con su apabullante mayoría.