Ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez pidió apurar los tiempos inherentes a la actividad legislativa y materializar la reforma al artículo 73 Constitucional, ya que “la defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses de cualquier naturaleza”.
En reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, precisó que la reforma que se aprobó en el Senado de la República, como cámara de origen, es indispensable para materializar las leyes generales que se requieren en materias relevantes como desaparición forzada y tortura.
El titular de la CNDH subrayó que México atraviesa un complejo desafío en el ámbito de las garantías a los ciudadanos, cuya crisis en algunas regiones del país es evidente.
“Esta situación no se agota con lo ocurrido en Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala, también advertimos elementos preocupantes en hechos relativos al trabajo de los jornaleros de San Quintín y los riesgos y adversidades que enfrentan los migrantes, así como la inseguridad y violencia que se vive en ciertos lugares”, expuso ante los legisladores.
Y en respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, Gonzáles Pérez precisó que se debe crear una cultura de legalidad, pero también una pedagogía sobre el ombudsman, “porque hay una falsa percepción de que las comisiones de derechos humanos defienden delincuentes y no es cierto”.
Aclaró que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se elevaron los derechos de las víctimas, pero lo que defiende la CNDH es la dignidad de la persona a partir del reconocimiento de derechos que las leyes le den.
Recomendó trabajar en el tema de la legalidad, el cual compete a todos, no solamente a los servidores públicos, sino también a la sociedad. “Debemos convencernos de la conveniencia de cumplir la ley por el beneficio que nos representa como colectividad y no solamente por el temor a la sanción”.
Sostuvo que esta instancia no es la panacea para la solución de todos los problemas del país, y que su responsabilidad es señalar a los servidores públicos que incumplen con su deber.
Señaló que existe debilidad en el Estado de derecho y consideró que se debe trabajar para que las autoridades hagan solo lo que la ley les permite y los ciudadanos lo que no se les prohíbe. “Parece tan sencillo de decir, pero en la realidad es tan complejo; es el círculo vicioso donde el resultado es la impunidad, la invitación a que se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos”, agregó.
En cuanto a los protocolos de seguridad, dijo que se tienen que aplicar, en todos los casos, los estándares internacionales. Reprobó el caso de la joven encadenada en la Ciudad de México y recordó que el Congreso aprobó la ley de trata de personas, por lo que debe aplicarse.
Se requiere un registro confiable de casos en materia de desaparición forzada, el cual identifique cuántos son por este delito, cuántos por el crimen organizado y cuántos porque la persona se ausento; se tiene que profesionalizar al personal de las procuradurías que alimentan esta base; generar banco de información genética y un mecanismo de búsqueda oportuna.
Precisó que la reforma al artículo 73 constitucional es la base que permitirá emitir la ley general, la cual buscaría homologar los tipos penales para todas las entidades federativas y daría los elementos necesarios para un registro adecuado de las personas desparecidas. Asimismo, señalaría los mecanismos para los parámetros de la búsqueda inmediata de personas, para que no sea hasta después de 48 horas, y para el banco de información genética.
Comentó que la CNDH está a favor de que las autoridades respeten el uso legítimo de la libertad de expresión. Sobre el tema del arraigo, subrayó que es una figura que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y no puede sustituir las capacidades de investigación de las procuradurías.