Por unanimidad, los legisladores de la Comisión Permanente rechazaron la ratificación del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), al considerar que no garantiza un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y de libertad de expresión.
A propuesta de los senadores Javier Castellón Fonseca y Carlos Sotelo García, el Pleno de la Comisión Permanente citó a comparecer al secretario de Economía, Bruno Ferrari; al Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, José Rodrigo Roque Díaz, y a un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informen las razones por las que el gobierno suscribió ACTA, los términos en que lo firmó y el contexto del mismo.
En el dictamen avalado se expresa que el gobierno federal ignoró las conclusiones aprobadas por el Senado de la República para no signar este acuerdo, por lo que los legisladores pidieron al Ejecutivo que realice las gestiones necesarias a fin de que, previamente a su ratificación, se establezca una reserva de México al ACTA a efecto de que no sea aplicable al país el artículo 27 de este ordenamiento, ni cualquier otra disposición que afecte derechos fundamentales.
De igual forma se avaló un resolutivo en el que la Comisión Permanente reconoce la voluntad y el acuerdo entre naciones para preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y derechos de autor, pero considera que dichas acciones no deben dañar los derechos fundamentales de libertad de expresión, de prensa e información.
En el dictamen se lee que el Acuerdo Comercial Antifalsificación fue negociado en secreto y no se atendió la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que establece que hay que informar al Senado de la República sobre los términos de los tratados comerciales que se discuten.
También el documento menciona que ACTA consiste en una propuesta internacional multilateral que pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, con el propósito de combatir el crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados, mediante la cooperación internacional, el establecimiento de mejores prácticas para su observancia y la creación de un marco legal efectivo para combatir la piratería y la falsificación.