A fin de reivindicar el derecho de los mexicanos migrantes a votar y ser votados, este año quedará reconocida esa prerrogativa en la ley, mediante la credencialización para emitir el sufragio desde el lugar de su residencia laboral, estimó la diputada Amalia García Medida, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.
El proyecto de decreto para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se construirá entre junio y agosto próximos, a fin de que en septiembre entrante, cuando inicie el segundo año de la LXII Legislatura, el documento se procese en la instancia legislativa y se logre un consenso plural entre los siete Grupos Parlamentarios representados en San Lázaro, afirmó la legisladora federal.
Las reformas incluirán la creación de la sexta circunscripción; se trata de “modificaciones muy sencillas, de gran impacto y de gran importancia, que no requieren demasiadas consideraciones”, excepto el reconocimiento que ya la Constitución les garantiza y que ahora deben ejercer plenamente.
La diputada García Medina afirmó que se prevé presentar el dictamen al pleno antes de que concluya este año, para que los mexicanos en el exterior puedan participar en la elección intermedia de 2015, el reconocimiento pleno a este derecho constitucional, simultáneo a la doble nacionalidad, y desde el extranjero emitan el sufragio para renovar el Congreso de la Unión.
Se busca que los migrantes puedan ejercer el derecho político de elegir a sus representantes populares y éstos sean las voces de las demandas y necesidades de los mexicanos que viven en el extranjero. Tan sólo en Estados Unidos se calcula que son 12 millones los connacionales que habitan y trabajan en diferentes ciudades, señaló.
García Medina destacó que la reivindicación plena al derecho de voto de los migrantes que por falta de oportunidades salieron del país, “es una reflexión que lleva muchos años y que ya debe concluir en acciones concretas”, sobre todo cuando son la segunda fuente de divisas para México, con remesas anuales cercanas a los 20 mil millones de dólares.
Ello refleja su compromiso y preocupación por la nación, con sus familias y regiones; “en ningún lado la Constitución dice que por salir del país a trabajar por falta de oportunidades pierden sus derechos”, agregó.
La doble residencia garantizará que se les pueda credencializar, “sin tener que inventar residencias artificiales”, sino con el domicilio exacto donde viven y trabajan, y desde donde envían recursos a México; además, sería el paso para que se constituya la sexta circunscripción con los mexicanos que están en el exterior, no sólo los que se encuentran en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo.
Tienen derecho a tener su credencial de elector, indicó Amalia García, por lo que se plantea avanzar en un nuevo empadronamiento, en cuya supervisión participen el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).
Para ello, la Comisión de Asuntos Migratorios diseña una estrategia para la realización de foros de consulta en coordinación con el IFE y las organizaciones de migrantes, tendiente a construir el proyecto de reformas que en materia electoral requiera este proceso.
La diputada perredista sostuvo que la infraestructura de los 51 consulados de México en Estados Unidos podrá ser utilizada para la credencialización de migrantes, los cuales sean indocumentados o tengan su residencia legal podrán acceder a una credencial de elector, para salvaguardar su derecho político al voto.
Precisó que en el caso de las remesas de divisas que envían los migrantes el Estado no canaliza ninguna inversión, como son el caso del petróleo y turismo que requieren recursos para explotación, producción y promoción, con los migrantes ese dinero llega, “lo menos que se requiere es que se reconozcan en la práctica sus derechos políticos”, apuntó.
Por otra parte, Florencio de Ávila Morales, integrante del Consejo Político del IME, afirmó que al reconocerse este derecho político los connacionales podrán “pasar de ser migrantes a ser ciudadanos mexicanos” en pleno ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, luego de quince años de exigir este reconocimiento.
Sostuvo que hasta ahora han logrado un “voto mocho” al participar sólo en el proceso para elegir al Presidente de la República, lo cual es “discriminatorio y legalmente es una violación al derecho constitucional”.
Con ese reconocimiento pleno al voto de mexicanos desde el exterior, se logrará reivindicar a los migrantes como ciudadanos sin discriminación, y ubicar sus necesidades en los temas prioritarios del país, porque esa demanda ha quedado sin atenderse desde hace cinco legislaturas, concluyó.