Guillermo Pimentel Balderas/ Ciudad de México.- Existen más de 5 mil empresas que operan en la ilegalidad y son causantes de múltiples daños a los contratantes; sin embargo, la Secretaria de Economía dijo sí, pero no tiene para cuando autorizar una Cámara Nacional de la Seguridad Privada, pues hay un abismo entre el gobierno y la Iniciativa Privada, impidiendo que se sumen las empresas formales del sector al objetivo nacional México en Paz, del Presidente Enrique Peña Nieto.
Lo anterior lo señalaron -en una amplia entrevista-, Mario Espinosa Boulogne, Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), organización que agrupa a las compañías más importantes de la industria en nuestro país dedicadas a la protección intramuros, escoltas y traslado de valores, entre otros, y Andrés Zaldívar, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad A. C. (ANAINSE).
Espinosa Boulogne aseguró que con la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada se incrementaría el porcentaje del PIB, se crearía mayor número de empleos formales, se combatiría a las compañías ilegales e impediría que grupos delictivos puedan operar dentro de esta actividad, donde les prestarían servicios de protección a sus futuras víctimas.
Precisó que es de necesidad imperante el contar con un organismo cúpula que propone normalización, profesionalización, colaboración, estructura y compromiso a favor de los mexicanos. Resaltó que Asociaciones civiles de todas las modalidades de seguridad apoyan la conformación de la misma.
Expuso que la seguridad privada formal representa en el país aproximadamente el 1.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), le da a empleo a cerca de un millón de personas, su actividad está enfocada expresamente en la prevención y contención de ilícitos, pero a la vez dentro de las políticas que el Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, ha externado en su mandato, mismas que son aplaudidas y coherentes con las necesidades para el crecimiento del país, se basan en varios rubros de importancia, todos en conjunto se enfocan a un desarrollo económico y una paz social.
Explicó que de conformidad con lo que establece el Art. 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”; por lo que claramente establece que este beneficio de asociarse sólo se le otorga a quienes se encuentran dentro de una actividad legal, como se define en el Art. 5° del mismo ordenamiento que a la letra dice “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
Entonces, subrayó que estas dos garantías permiten que los empresarios que realizan actividades específicas en determinada actividad se asocien y tendrán derecho a solicitar y hacer valer sus derechos que la Constitución le otorga.
Para esto es necesario cumplir con los requisitos que se establecen en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, donde uno de estos requerimientos se establecen en el Art. 14, consistente en que el grupo promotor este formado por lo menos por 100 ejecutivos que representen el 25 % o más de los industriales del giro específico de la actividad que desarrollan.
Con esto es claro considerar que si la propia Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones expresa este porcentaje, va a existir un 75 % de empresarios que podrán o no estar de acuerdo con la conformación de la Cámara, sin que esto pueda ser motivo para que no se otorgue la Cámara.
“Este fue el motivo por el que el 9 de noviembre de 2005 se constituyó oficialmente la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad A. C. (ANAINSE), con la finalidad de contar con una representatividad nacional donde prevalece el factor de integrar a todas las empresas y personas cuya actividad se encuentre dentro de las diversas modalidades de la protección corporativa, siempre dentro del marco de la Ley y cumplimiento a las disposiciones existentes.
Pasaron 7 años para que se pudiera integrar el número de empresas que se requerían de conformidad a lo que establece la Ley de Cámara Empresariales y sus Confederaciones, lográndose que el día 23 de noviembre del año 2012, la Secretaría de Economía (SE) validara el contenido total del expediente de solicitud de Cámara y publicara en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada y sólo se menciona que se dispone de dos meses para que quienes tienen interés jurídico podrán presenten comentarios ante la SE.
Con esto se culminaba un proceso de muchos años y se lograba la creación de la Cámara, en el tiempo que se estableció para recibir comentarios surgieron dos uno por parte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) donde solicitaba que el rubro de transportes de valores no se autorizara por ya encontrarse en su Cámara.
Sin embargo, no se oponía a la constitución de la misma en las demás modalidades, se recibe un segundo comentario que presenta el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) quien manifiesta su desacuerdo, pero hay que recordar que la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones señala que se debe cumplir con el 25 % del sector por lo mismo el CNSP puede quedar dentro del 75 % que no se integraron al proyecto de constitución de la Cámara, además de que el CNSP sólo representa una minoría del sector de las empresas existentes en el país, no existiendo otro comentario en contra de la creación del organismo”, resaltó.
Afirmó Andrés Zaldívar, presidente de la ANAINSE, transcurrido el tiempo de dos meses que se estableció en la autorización de la Cámara, coincidiendo con el cambio de titular de la Secretaría de Economía, el día 4 de marzo de 2013 emite una resolución que se publica en el DOF el 8 de marzo del mismo año, en el que rechaza el proyecto de autorización de la Cámara, bajo un argumento insostenible ya que manifiesta que no se cumplió con el número de empresas que se requerían, invocando las cifras que arroja el INEGI sin considerar que es una Cámara de actividad específica, por lo que las empresas que operan en forma ilegal o irregular, así como los cerrajeros no pueden considerarse dentro de este padrón de integración a la Cámara, puntualizó el directivo.
“Derivado de esto se realizaron por los medios jurídicos que están establecidos en los propios ordenamientos legales, se aclare el porqué de la negativa a autorizar la Cámara, donde a la fecha ha sido únicamente a través de una negativa ficta, sin explicación u argumento alguno por parte de las autoridades de la SE”, acotó Andrés Zaldívar.
Abundó que la seguridad privada formal representa en el país aproximadamente el 1.2 % del PIB y es fuente de empleo para varios miles de personas, su actividad está enfocada expresamente en la prevención y contención de ilícitos, sin embargo, varios miles de empresas que operan en la ilegalidad son causantes de múltiples daños a los contratantes, con la Cámara se incrementaría el porcentaje del PIB, se crearía mayor número de empleos formales, se combatiría a las compañías ilegales e impediría que grupos delictivos puedan operar dentro de esta actividad.
Con la negativa de autorizar la Cámara de la seguridad privada –añadió José Luis Rojo y Arabí, ex presidente de la ANAINSE y promotor de la Cámara- se pone en riesgo la integridad de los contratantes al no tener una dependencia que les advierta de los riesgos al contratar a una empresa que se encuentra clasificada como no confiable.
El enigma y misterio que existe se basa en los siguientes cuestionamientos:
¿Cuál es el motivo para que una autoridad viole las garantías individuales que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
¿Qué fue lo que privilegió la autoridad para desechar una autorización ya otorgada por la misma SE, donde el cambio de funcionario modificó el criterio, sin considerar que se le dio el pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones?
¿Qué valores se ponderaron para frenar el crecimiento del PIB del país, la creación de nuevos empleos formales, la profesionalización del sector y la certidumbre para contratar empresas honestas y confiables?
¿Por qué se volvió prioritario el impedir la conformación de la Cámara, contraviniendo los proyectos del propio Presidente de la República?
¿Por qué si el Jefe del Ejecutivo ha manifestado que para lograr la recuperación del país en materia de seguridad, es necesario establecer como base la prevención, nuestra actividad que se especializa precisamente en la prevención es maltratada y no tiene el derecho de ser atendida?
¿Qué beneficios genera el que la seguridad privada tenga que competir con empresas ilegales que cobran más baratos los servicios y generan un riesgo para los contratantes?
¿Por qué la autoridad de la Secretaría de Economía ha basado su rechazo a la Cámara con una negativa ficta y no con un razonamiento sustentado en los preceptos de la Ley?
“Los empresarios de seguridad privada queremos pertenecer a una actividad lícita, donde sea el profesionalismo y calidad de los servicios los que nos clasifiquen y no ser parte del rechazo social por el desempeño de las empresas ilegales.
Somos parte de una actividad empresarial, disciplinada, respetuosa de las autoridades, que cumplen con sus obligaciones, que apoya a las instituciones oficiales cuando se lo requieren y busca la superación profesional constantemente, por lo mismo sólo solicitamos que se nos respondan nuestras dudas y que se nos dé el trato como ciudadanos que participamos en la economía nacional y buscamos coadyuvar con las acciones del gobierno”, retomó Andrés Zaldívar, titular de la ANAINSE.