De un análisis exhaustivo de la propuesta de Reforma Hacendaria al Código Fiscal Federal, se revela la intención de minimizar la certidumbre jurídica a los inversionistas y dañar así aún más la economía del país”, advirtió el diputado federal Mario Sánchez Ruiz.
En su calidad de presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, explicó que hay varios temas dentro de la Reforma Hacendaria que se proponen por parte del presidente Enrique Peña Nieto, con los cuales se afecta de manera “impresionante” a MiPyMES e inversionistas.
“Ya hemos platicado antes cómo la homologación del IVA en la frontera y el impuesto a las colegiaturas, entre otros puntos, afectara a toda la población; pero el tema de la Reforma al Código Fiscal, en verdad es impensable de llevar a cabo, porque estaríamos poniendo el pie sobre el cuello de cada inversionista, incluso en fondos de inversión”, añadió el diputado federal por Sonora.
Según el análisis de un grupo de especialistas, apuntó, la iniciativa de reforma al Código Fiscal significará mayor discrecionalidad de autoridades y disminución en el nivel de seguridad jurídica.
Sobre la cláusula “anti-elusión”, consideró que afectará a todos los contribuyentes, chicos, medianos y grandes, aun cuando cumplan con todas las disposiciones legales aplicables; ya que esta cláusula impedirá conocer con anticipación el monto de impuestos que deberán pagar, ya que “en el fondo la determinación quedará en manos del SAT”.
Sánchez Ruiz ejemplificó: “hablando en un extremo, el SAT podría establecer un crédito fiscal en contra de las actividades altruistas de una empresa, dado que a su juicio podrían no ser razonables desde una perspectiva de negocio”.
“Hay que imaginar nada más la manera tan inconsciente de desincentivar la inversión; si alguien es socio o accionista de una empresa, ya sea minoritario o sin control, podrá ser solidariamente responsable por los créditos fiscales que no puedan cobrarse a la empresa; responsabilidad que aplicaría, inclusive, si solo se participa a través de fondos de inversión”, sostuvo Sánchez Ruiz.
De acuerdo con el despacho de abogados que realizó el análisis, detalló el legislador, las responsabilidades penales por delitos cometidos por funcionarios o empleados de una empresa, serán imputables a quienes trabajen en ella o tengan poderes de actos de administración o dominio, ya sea como gerente general, administrador único o presidente del consejo de administración, y solo será por tener la obligación de evitarlos.
Esa responsabilidad aplicará inclusive cuando no se pueda físicamente ni se deba supervisar a esos funcionarios o empleados; en otras palabras, dijo, “cualquiera podría ser responsable aunque actué de buena fe y dentro de los límites razonables de su puesto o mandato”.
El presidente de la Comisión de Economía, externó su preocupación y manifestó que “ no conformes con todo lo anterior, la reforma incluye, en sus modificaciones, que si alguien es abogado, contador, agente aduanal o algún auxiliar de éstos, será penalmente responsable por las asesorías que otorgue y que se vinculen a ilícitos.
Es decir, concluyó, que aun cuando la persona no tenga ni idea del destino que se dará a su opinión profesional y se actué de buena fe, si esa opinión se vincula con un ilícito, entonces será penalmente responsable”.