El presidente Felipe Calderón inauguró la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), en cumplimiento al decreto publicado el pasado 6 de septiembre.
En su discurso, el Presidente sostuvo que autoridades y sociedad comparten el dolor e indignación de las familias lastimadas por el crimen.
Destacó que, mediante la Estrategia de Seguridad Nacional, se trabaja para combatir frontalmente a los criminales, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y recomponer el tejido social.
Asimismo, explicó que gracias a los ejercicios recientes de diálogos con la ciudadanía, se ha podido escuchar a las víctimas que frecuentemente sufren el fenómeno de la doble victimización; primero, por parte de los criminales y, luego, por parte de autoridades insensibles o carentes de preparación adecuada.
El Presidente explicó que la creación de PROVÍCTIMA responde a una demanda social y al deber ético del gobierno para ayudar y proteger a las víctimas. Especificó que la titular de dicha Procuraduría es la Maestra Sara Irene Herrerías Guerra, mientras que su Junta de Gobierno es un órgano plural que incluye representantes de autoridades federales y de la sociedad civil, destacados por su labor en la promoción de seguridad y justicia.
La misión de PROVÍCTIMA, señaló el mandatario, será cohesionar y consolidar las acciones de diversas instancias públicas en favor de las víctimas. Sus principales funciones son:
Asegurar que las víctimas de la criminalidad reciban atención médica y psicológica.
Generar las condiciones para que las víctimas reciban asesoría jurídica, e incluso defensa legal gratuita, independientemente de que se trate de delitos del fuero local o federal.
Garantizar que las víctimas reciban los apoyos y subsidios contemplados en programas del gobierno federal.
Apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas como consecuencia de la acción de los criminales.
Recopilar y sistematizar la información relacionada con las víctimas de los delitos y con la atención que reciben.
Desarrollar e instrumentar programas y políticas para la atención a víctimas, así como proponer reformas jurídicas, modelos y protocolos de atención que consoliden las acciones del Estado.
Generar esquemas de coordinación con las entidades federativas y con organizaciones e instituciones, sociales o privadas, para atender a las víctimas de la violencia criminal.
Por último, el Presidente anunció que, mediante el teléfono gratuito 01-800 842-8462 (01-800 VICTIMA), especialistas asesorarán y apoyarán a los ciudadanos que así lo requieran.