La Cámara de Diputados aprobó, con 427 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de imponer de tres a 10 años prisión y de mil a tres mil días multa a quienes realicen trabajos de exploración arqueológica, excavación o remoción de monumentos arqueológicos inmuebles, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Asimismo, al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.
Las reformas a los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 y una adición al artículo 53 Bis de dicha norma, enviadas al Ejecutivo para su efectos constitucionales, establecen que se impondrán de tres a 10 años de prisión y de dos mil a cinco mil días de multa, al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí u otro un monumento arqueológico mueble.
Precisan que al que introduzca o saque del territorio nacional, o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen, se le impondrá prisión de tres a 12 años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Roberto López González, secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, destacó que en la actualidad el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado sustancialmente, en particular con piezas arqueológicas e históricas. Igualmente, han ocurrido fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas.
Estimó necesario ajustar las sanciones económicas y las penas corporales con la finalidad de desincentivar a las personas que de manera profesional seleccionan y sustraen estos bienes y los comercializan ilícitamente en México y en el extranjero.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal resaltó que la reforma busca actualizar las sanciones para quienes incurran en conductas tipificadas como delito, que atenten en contra de la protección, conservación, rehabilitación y transmisión de los bienes culturales que ocupan nuestro espacio territorial.
Por su parte, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas señaló que, respecto al tráfico ilícito de piezas y objetos arqueológicos e históricos, en 2013 se reportó la recuperación de más de cinco mil objetos, entre los que se contabilizaron vestigios arqueológicos y de arte sacro, tanto de sitios antiguos como de iglesias mexicanas.
En su turno, la diputada Judit Magdalena Guerrero López lamentó que cada vez sean más los delitos cometidos en perjuicio de estos centros, bienes, monumentos y zonas arqueológicas, precisamente por la falta de sanciones definidas y ejemplares, acordes a su relevancia histórica y artística.