El mecanismo para canalizar alrededor de 50 mil millones de pesos adicionales para la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles de enseñanza básica, media superior y superior, es una propuesta con la capacidad de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura educativa, si se considera el estado precario de una proporción significativa de las escuelas de México.
Sin embargo, es necesario establecer medidas de transparencia y fiscalización que clarifiquen la utilización de los recursos obtenidos por la emisión de los bonos educativos y el manejo de los recursos presupuestarios que se integren al fideicomiso, concluye un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El artículo, elaborado por la Dirección General de Finanzas del IBD, agrega que no obstante que se tomó como base el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 para ubicar a los centros escolares con mayores necesidades, es necesario identificar con precisión las carencias específicas de cada escuela, incluidas las de los estados donde no se pudo aplicar el censo y las de los niveles medio superior y superior.
Refiere que con motivo del Tercer Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal anunció una medida para mejorar las instalaciones de las escuelas públicas del país, para lo cual se emitirán Bonos de Infraestructura Educativa en la Bolsa Mexicana de Valores.
En la exposición de motivos del Paquete Económico 2016 se señala que, con el objetivo de reforzar las acciones en materia de infraestructura física educativa, se impulsará el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.
Dicho objetivo se pretende alcanzar mediante la potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente destinado a proveer de recursos federales a las entidades federativas para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física educativa en los niveles de educación básica, media superior y superior.
En el análisis “Bonos de Infraestructura educativa: Potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples” se menciona que el Ejecutivo federal precisó que este nuevo instrumento financiero canalizaría a los planteles recursos adicionales del orden de alrededor de 50 mil millones de pesos en el periodo de tres años a partir de 2016 y hasta 2018.
Pero “después de dicho periodo las entidades federativas contarán sólo con el 75 por ciento de los sub fondos de Infraestructura Educativa del FAM, por lo que la pregunta que surge es si dichos recursos serán suficientes para atender las necesidades corrientes de mantenimiento de la infraestructura física educativa en las entidades federativas durante los restantes 22 años”.
En el documento del IBD se explica que las entidades federativas que firmen el convenio con el gobierno federal para potencializar los recursos de dicho Fondo serán sujetas a una obligación con los acreedores que obtengan los certificados bursátiles. Dicha obligación estará garantizada por los recursos que representan hasta un 25 por ciento de los sub fondos de Infraestructura Educativa del FAM.
Por su parte, el Ejecutivo Federal señala que esta emisión de bonos en comento no representaría deuda para el gobierno federal ni para los gobiernos estatales porque la fuente de respaldo es el Fondo de Aportaciones Múltiples que año con año se presupuesta conforme a lo establecido en el mecanismo de coordinación fiscal.
Sin embargo, es necesario considerar que en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los recursos de este Fondo son ingresos propios de las entidades federativas, por lo que hasta un 25 por ciento de los sub fondos de Infraestructura Educativa del FAM que quede como garantía para el cumplimiento de la obligación financiera no podrán destinarse a otro fin por los próximos 25 años, en favor del fideicomiso constituido.
La investigación completa puede consultarse en:
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/dgf/Bonos_Infraestructura_Educativa.pdf