La diputada federal Zuleyma Huidobro González hizo una radiografía del sistema de justicia en México y concluye que sumado a que el servicio de defensor de oficio no funciona, “lamentablemente la justicia se vende y compra al mejor postor”.
Aquí sus palabras textuales: “En la práctica es muy común que sea la autoridad quien designe al defensor, principalmente por un motivo preponderantemente económico cuando el acusado no cuenta con los medios para contratar un abogado particular.
Sin embargo, en el estudio denominado “La cárcel en México, para qué”, se revela que alrededor del 78 por ciento de los indiciados recurren a los servicios de los representantes legales del Estado, pero también en un 45 por ciento de las ocasiones éstos son reemplazados por uno privado, cuando en opinión de los acusados y de sus familias consideraron que no hacían nada para defenderlos.
Sin lugar a dudas, el derecho a una defensa adecuada no se agota con la designación de un defensor de oficio, cuando éstos con motivo de la carga de trabajo se ven obligados a tener que atender varias audiencias en forma simultánea, lo que les impide estar presentes en éstas o poderse entrevistar con su cliente antes de que rinda su declaración.
Tan es así que, de conformidad con el informe rendido por la Dirección de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito Federal, sólo en esta demarcación territorial, en 2012, los defensores de oficio capitalinos atendieron un total de 11 mil 242 asuntos en materia penal y justicia para adolescentes.
Las cifras hablan por sí solas, al grado de convencernos de que la justicia en nuestro país lamentablemente adolece de asimetrías económicas, ya que ésta se vende y compra al mejor postor, y que por tanto, las cárceles en la mayoría de los casos alojan casi en exclusiva a los presuntos culpables por la comisión de hechos delictivos de más bajos recursos del país.
Como lo hemos visto, en aquellas situaciones en la que la tercia indígena, procesado y víctimas se alinean casi naturalmente, pues según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el año 2012, un total de 8 mil 502 indígenas fueron encarcelados ilegalmente, acusados por delitos, tanto del fuero común como del federal; por delitos contra la vida y la integridad física; por delitos patrimoniales o contra la salud, pero que en la gran mayoría de los casos eran susceptibles de libertad bajo caución.
Sin embargo, no pudieron ser beneficiados por esta alternativa, por no contar con el dinero para el pago de la fianza o porque no se les designó un traductor.
Lo anterior, es motivo de una profunda preocupación, que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia decidan ignorar las graves irregularidades en los procesos penales en los que se han visto involucrados connacionales de origen indígena, como fue el caso, por ejemplo, de Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, tres mujeres indígenas que en 2010 fueron liberadas luego de casi cuatro años en prisión, acusadas por presuntamente secuestrar a seis agentes federales, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo inconsistencias en el proceso que condujo a su detención.