*“Ya son universidades del crimen”
El senador Felipe González González afirmó que la delincuencia organizada “está buscando permanentemente el control y autogobierno de algunos Centros de Readaptación Social (Ceresos), como consecuencia del “caos y desorden” en la vida carcelaria del país.
La mayoría de los Ceresos, señaló, “siguen constituyendo universidades del crimen, donde operan mercados cautivos para venta de droga, negocios de todo tipo de mercancías, extorsionadores, secuestradores y narcos, en colusión de funcionarios con delincuentes”.
Al presentar un diagnóstico del sistema penitenciario nacional ante la Subcomisión de Política Carcelaria del Parlamento Latinoamericano, el legislador advirtió que el modelo penal tradicional, “que no tiene prevención suficientemente desarrollada” demandará mayores espacios carcelarios y “ningún país quiere que se llegue a ese escenario”.
La tendencia creciente de aumentar la pena de privación de la libertad, enfatizó, elevará los costos y presupuestos para el sistema carcelario, por lo que “habrá muchos programas y proyectos que se van a tener que truncar para poder invertir en esta materia”.
Dijo que un modelo preferible para el sistema penitenciario es establecer la prevención social de la violencia y la delincuencia, con lo que se reduciría significativamente la demanda de espacios y de gastos, que pueden orientarse a programas sociales.
Felipe González aseveró que la sobrepoblación en centros penitenciarios favorece la corrupción entre reclusos, custodios y autoridades, hace prosperar las redes delincuenciales en su interior y facilita la distribución y consumo de drogas.
Los problemas en la administración de las cárceles, acotó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, provocan la falta de un método para operar un sistema redistributivo de penas, promueve la convivencia de internos con distintos perfiles de peligrosidad y origina inconsistencias en sistemas de control que permiten la entrada de drogas y armas.
El hacinamiento en las cárceles, subrayó, impide implementar programas de readaptación social y prevención del delito.
Refirió que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, cerca de 227 mil reos habitan en cárceles que cuentan únicamente con 172 mil 418 espacios, es decir, “tenemos alrededor de 52 mil presos de más”.
Por entidad federativa, el Distrito Federal tiene una saturación penitenciaria de 110 por ciento, Sonora el 88.25 por ciento, Nayarit, 84 por ciento, Estado de México, 82 por ciento, Morelos, 63 por ciento y Puebla, 57 por ciento.
En ocho penales federales, añadió, hay una capacidad para 13 mil 214 reclusos; sin embrago, la población encarcelada por delitos federales es de 30 mil 754.
En este escenario, destacó el senador por Aguascalientes, es recomendable diseñar políticas que consideren esquemas preventivos.
Además, es necesaria una reforma integral que incluya la externalidad y la internalidad de los centros de reclusión, una nueva Ley que norme el diseño, organización, operación y funcionamiento de la infraestructura penitenciaria y un marco normativo específico.