La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, en beneficio de quienes se encuentran en situación de riesgo o peligro por su participación directa o indirecta en delitos graves o delincuencia organizada.
El documento que será sometido al Pleno de la Cámara de Diputados, para que se apruebe o se rechace, establece una pena de seis a doce años de prisión a quien conozca información relacionada con la aplicación, ejecución y personas relacionadas en el programa de protección y la divulgue.
En caso de que sea un servidor público el que revele la información, se añade en el documento, la pena se incrementa hasta una tercera parte, con independencia de otros posibles delitos en que pueda incurrir. Además, los imputados por la comisión de este delito durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva.
La norma establece la creación del Centro Federal de Protección a Personas como un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República (PGR) para la aplicación del programa y como autoridad ordenadora.
El mismo dictamen incluye reformas al artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que toda la información y documentación relacionada con las personas protegidas se considere reservada y confidencial, con excepción de aquella de carácter estadístico, la cual se podrá proporcionar, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad de los sujetos a protección.