Acabar con la impunidad, es el objetivo principal de la iniciativa que el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, planteará para castigar con hasta setenta años de cárcel a quien cometa delito de desaparición forzada de personas.
Señaló que la ausencia de un tipo penal específico para los casos en que una persona es levantada y cuyo paradero se desconoce, ha generado impunidad, así como la falta de políticas públicas de prevención y de atención a los familiares de las víctimas.
Por esta razón, Miguel Barbosa presentará una iniciativa para que por primera vez en nuestro país se tipifique el delito “desaparición involuntaria de personas”, cuyo responsable será quien “levante” en la vía pública o al interior de un inmueble a una persona, utilizando la violencia y la mantenga oculta.
En esta propuesta se establece una descripción normativa, hasta ahora ausente, de “levantar a una persona”, en los casos en que ésta sea sujetada o amenazada, impidiéndole su libre desplazamiento y siendo sustraída del lugar en que se encuentra.
El presidente del Instituto Belisario Domínguez propuso que las penas
por este delito alcancen hasta los setenta años de prisión, de conformidad con las agravantes establecidas como: que la víctima sea privada de la vida por los autores o partícipes del delito, sea obligada a prestar servicios ilícitos dentro de una organización criminal o que sea menor de edad o mujer en estado de gravidez.
No obstante, aclaró que las sanciones por este delito se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por otros, aún y cuando sean resultado de la misma conducta.
Barbosa Huerta comentó que esta iniciativa obedece en gran medida al clamor ciudadano, principalmente de familiares de desaparecidos, quienes en días pasados realizaron un plantón frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, para exigir la investigación, sanción y localización de sus familiares.
El legislador poblano recalcó que en nuestro país este delito se incrementó durante el sexenio anterior. “Los estados del norte del país han padecido principalmente este tipo de violencia, sin embargo, el día de hoy es un mal generalizado en varios puntos del país donde las bandas del crimen organizado tienen mayor presencia”.
Declaró que a diferencia del secuestro, en el que se demanda un rescate por parte del perpetrador, en los levantones no hay negociación y en muchas ocasiones las víctimas son torturadas e incluso asesinadas.
Miguel Barbosa criticó que este fenómeno se ha incrementado considerablemente, debido la falta de una técnica jurídica, ya que dichos actos criminales no se encuentran tipificados expresamente en nuestra legislación.
Lo que trae como consecuencia una laguna jurídica que permea en la eficiente procuración y administración de justicia. “Atento a lo anterior, es inminente la elaboración de un tipo penal específico para los levantones, así como el diseño de estrategias para combatirlos”, subrayó.
El legislador perredista urgió a dotar de herramientas jurídicas a los agentes del Ministerio Público, mismas que lo faculten legalmente para implementar las medidas básicas de investigación, a fin de dar con el paradero de miles y miles personas desaparecidas por este flagelo.
“La presentación de esta iniciativa es el primer paso para enfrentar la impunidad. La definición clara de políticas de prevención y de restablecimiento del tejido social en nuestro país es sin lugar a dudas otra parte para la atención integral de esta problemática, lo que le corresponde a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia de nuestro país”, puntualizó.