Ante el incremento de casos en los que pacientes están siendo rechazados de los hospitales o se les está negando el servicio, senadores del PAN presentaron una iniciativa para sancionar a quien niegue o impida el acceso a la atención médica a mujeres en trabajo de parto o en casos de urgencias derivadas de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, la madre o del producto.
Esta propuesta suscrita por las senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Elia Hernández Núñez y el senador Francisco Salvador López Brito busca terminar con la impunidad, brindar protección efectiva a los pacientes y garantizar herramientas legales que protejan el derecho a la vida y el acceso a la atención médica.
Para lograrlo, los legisladores proponen reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, a fin de considerar un delito la negación de la atención médica a este tipo de pacientes e imponer sanciones de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 5 a 125 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por 2 años.
La iniciativa también plantea imponer las mismas sanciones a los directores, encargados, administradores, así como al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica de cualquier centro de salud, cuando incurran en dicha omisión o actos negligentes y que se persigan por oficio.
Al hacer uso de la tribuna, Gómez del Campo indicó que de acuerdo con información del INEGI, se sabe que aproximadamente el 77 por ciento de los usuarios de servicios de salud acuden a consulta externa, el 16 por ciento a servicio de urgencias y 6.5 por ciento a servicio de hospitalización. Sin embargo, precisó, llama la atención que el 67 por ciento de las personas que acuden a los servicios de urgencias dijo sentirse “No Satisfecho” con la atención que recibe, mientras que sólo el 33 por ciento dijo sí estar “Satisfecho”.
Aseguró que esta realidad coincide con el rezago en muchos estados del país, tal es el caso de entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde una de cada cuatro mujeres murió en su casa; y en Guerrero y San Luis Potosí 15 por ciento fallecieron en la vía pública, lo que evidencia un serio problema de acceso a los servicios de salud en los estados con mayor marginación.
La legisladora lamentó que se haya vuelto una constante conocer a través de los medios de comunicación situaciones donde médicos, directivos de hospitales, enfermeras y hasta choferes de ambulancias se han negado a prestar un servicio que por humanidad y sentido común deberían dar a quien lo necesite independientemente de si es o no derechohabiente.
Finalmente, la senadora señaló que de aprobarse esta propuesta, se dará un importante paso a favor de la prevención de estas conductas, ya que genera incentivos para que todo el personal del sector salud asuma el compromiso de poner a los pacientes como su prioridad.
“Por encima de cualquier trámite burocrático, de cualquier autorización o derechohabiencia está la vida de las personas”, dijo.