Para proteger los derechos de los pueblos indígenas, afromexicanos, migrantes y de la población desplazada por diversas causas como la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico, la diputada Alavez Ruiz presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Interculturalidad y Población.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resaltó que la importancia de contar con un marco jurídico adecuado que atienda las necesidades esenciales de la sociedad en materia de interculturalidad y población, lo que se evidencia con la presentación de otra iniciativa en la materia.
Al señalar que urge una ley integradora basada en la pluriculturalidad, Interculturalidad y desarrollo poblacional, dijo que el reto es procurar la implantación en el contexto nacional de la adecuada atención de estos aspectos que se entrelacen con los alcances que hasta ahora se han llevado a cabo a escala nacional, estatal, municipal y del Distrito Federal.
Explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de regular los asuntos relacionados con la interculturalidad, la población y los procesos migratorios, así como establecer una clara distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno y garantizar el acceso a los derechos humanos.
La iniciativa aborda la problemática que enfrenta la población desplazada por la violencia generada por el combate al narcotráfico, proyectos de desarrollo, desastres y conflictos armados, entre otros, y que se ve forzada a abandonar sus lugares de origen sin protección del Estado.
Para ello, propone la protección de los desplazados con asistencia humanitaria y su regreso y reasentamiento a cargo del Estado mexicano. Por ejemplo, dijo, la gente que huye de la violencia requiere una respuesta inmediata de las autoridades para encontrar lugares seguros para vivir y evitar que en el futuro se concentren en campamentos, como sucede en otras partes del mundo.
Esta nueva ley prevé derechos y garantías para la ejecución de las políticas, programas e instrumentos que formulen los distintos órdenes de gobierno, sin menoscabo de los derechos establecidos en nuestra Constitución.
Por ello, busca que las necesidades de los indígenas en materia de población y desarrollo se reconozcan apoyando su identidad, cultura e intereses, así como su participación plena en la vida económica, política y social.
Para el caso de los migrantes y sus familias, promueve que sean tratados de manera apropiada y reciban los servicios de bienestar social adecuados, garantizando su seguridad física y atender sus circunstancias y necesidades especiales. Además, la población reconocida como refugiada tendrá acceso igualitario a los servicios que reciben los mexicanos y a las acciones que promuevan su integración.
La pluriculturalidad, dijo, es la base de toda política poblacional y no puede ser vista de manera separada, ya que nuestro país es la suma de su diversidad cultural, integrada por más 118 millones personas entre las que se encuentran 64 pueblos indígenas que hablan 364 lenguas y representan 13% de la población nacional; más de 90 comunidades de distinto origen nacional descendientes de los procesos migratorios; un millón de inmigrantes provenientes de otros países; 961 mil mexicanos que viven en el exterior y 19.7 millones de migrantes internos.
Sin embargo, no existen mecanismos que permitan identificar con claridad el resto de la diversidad cultural del país, como son los afromexicanos que han sido los olvidados en las leyes y políticas públicas. Por eso se propone el Índice de Interculturalidad como instrumento guía para adecuar los programas gubernamentales en este eje transversal.
Esta iniciativa transforma al Consejo Nacional de Población en el Instituto Nacional de Interculturalidad y Población autónomo, a quien la Cámara de Diputados le asignará el presupuesto anual. Entre sus tareas están la promoción de los valores culturales; políticas públicas para el acceso al desarrollo; la protección de las familias, de la niñez y las personas con más exposición social como adultos mayores, discapacitados, adolescentes, madres jefas de familia, indígenas y afrodescendientes.
Además, formular, ejecutar y evaluar el Índice Nacional de Interculturalidad; realizar programas de desarrollo familiar, a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que se apliquen con absoluto respeto de los derechos humanos y preserven la dignidad.
Otros aspectos que aborda es la disminución de la mortalidad y morbilidad, a través de programas de salud; promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural; procurar la planificación de los centros urbanos y estimular el establecimiento de núcleos de poblacional nacional en los lugares fronterizos que están escasamente poblados. También procurar la movilidad humana entre distintas regiones del país para adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional.
Otro aspecto de suma importancia es el tema de la esclavitud y opresión en sus formas contemporáneas que se reproducen en actos como la fianza laboral, el matrimonio servil, la venta o forma análoga de mujeres para matrimonio sin su libre consentimiento; la explotación de trabajo infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado, la explotación sexual y la explotación laboral, entre otras formas.
Esta propuesta parte de una consulta permanente que se realiza desde hace tres años, y ya tuvo frutos en el Distrito Federal; ahora se busca replicarla a escala nacional y es acompañada por organismos internacionales como el Consejo de Europa, ACNUR y la Red Española de Ciudades Interculturales; en el ámbito local por la UNAM, la BUAP, Red Mexicana Intercultural, Hankili, So Africa, Iniciativa Ciudadana y gobiernos estatales y municipales.
Esta iniciativa, suscrita también por las diputadas Lorenia Valles Sampedro y Julisa Mejía Guardado y los diputados Carlos de Jesús Alejandro, Javier Orihuela García y Guillermo Sánchez Torres, abroga la Ley General de Población vigente, porque se ha convertido en letra muerta, consta de cuatro títulos y 127 artículos.