El senador Francisco Domínguez Servién presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía que, mediante los canales diplomáticos correspondientes, generen acuerdos comerciales para la suspensión inmediata de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria azucarera mexicana.
En su calidad de secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería, recordó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos el 25 de agosto pasado dio a conocer la decisión de establecer cuotas compensatorias a las exportaciones de azúcar mexicana para equiparar un supuesto subsidio, en donde los más afectados serán los ingenios administrados por el gobierno federal a través del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA).
Las autoridades americanas, refirió, “determinaron de manera unilateral, que el azúcar mexicana recibe subsidios, por lo que impuso un arancel de 14.87 por ciento a productores y exportadores mexicanos, así como porcentajes diferenciados a empresas particulares”.
Asimismo, determinaron un arancel diferenciado de 17.01 por ciento al azúcar proveniente de los ingenios de FEESA, y de 2.99 por ciento a la producida por el Ingenio Tala y por las empresas del Grupo Azucarero México (GAM), señaló el legislador por Querétaro.
En caso de que se mantenga el arancel de 17.01 por ciento a las exportaciones de azúcar mexicanas hacia el mercado de Estados Unidos para la zafra 2014/2015, el costo para el gobierno federal a través del FEESA podría alcanzar la cifra de 146.3 millones de dólares, tomando en cuenta que México envía anualmente a Estados Unidos alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de azúcar, indicó Domínguez Servién.
“Considerando que el valor actual del azúcar de exportación en Estados Unidos es de 26 dólares por libra, y que el máximo arancel es de 17.01 por ciento, el arancel a pagar por los productores mexicanos ascendería a 4.43 dólares por libra o de 97.5 dólares por tonelada”, refirió.
De no llegarse a un acuerdo el arancel que se impuso el pasado 25 de agosto, y que entraría en vigor el primero de enero de 2015, traerá consigo efectos negativos en la economía y en particular para los productores mexicanos, señaló.
Por lo anterior, destacó que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía deben exigir la suspensión inmediata de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria azucarera mexicana.