Es urgente y obligado que la Cámara de Diputados dictamine la minuta por la que se crea el organismo autónomo de combate a la corrupción o, de lo contrario, la falta de un sistema articulado que disminuya los efectos de este flagelo contribuirán a gestar el nido perfecto para la corrupción y la impunidad, aseguró categórica la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.
Al informar que el pasado 16 de junio venció el término para la dictaminación, la también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana recordó que las tres principales fuerzas políticas han afirmado que la reforma anticorrupción es su prioridad para este periodo ordinario de sesiones, por lo que es momento de pasar de los dichos a los hechos.
Luego de aclarar que aún no concluye el periodo de aprobación de reformas estructurales, Rojas Hernández hizo un llamado para que las distintas fuerzas políticas del país asuman su responsabilidad y no obstruyan el compromiso que se tiene con los mexicanos.
La corrupción y, por ende la impunidad, explicó la legisladora, generan consecuencias negativas toda vez que consume recursos valiosos para destinarlos a las necesidades de la población, es decir, disminuye la capacidad de respuesta a las exigencias sociales, daña la confianza en la sociedad y afecta no solamente a la economía sino también a la seguridad y a los derechos de los ciudadanos.
Recordó que el esquema institucional en el que nos encontramos desde diciembre de 2012, se caracteriza por contar con una Secretaría de la Función Pública extinta, desmantelada y sin titular que, con las manos atadas, opera sin poder desempeñar todas sus facultades ni lograr sus objetivos.
Por ello, externó, es urgente que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, dictaminen la minuta que les fue turnada en febrero pasado por el Senado de la República y aprueben la creación de un organismo autónomo para el combate a la corrupción.
Si bien se ha impulsado la transparencia y rendición de cuentas como una obligación para conocer el uso de los recursos públicos, ello es insuficiente si se carecen de las herramientas legislativas que permitan identificar y disuadir los actos de corrupción.
En este sentido, agregó, vale la preocupación, sobre todo porque, de acuerdo con el Barómetro de Corrupción Global, el 71 por ciento de las personas cree que la corrupción ha empeorado en los últimos dos años o que el 55 por ciento de las personas han dado un soborno.
Este deber de legislar al que estamos obligados, enfatizó Rojas Hernández, debemos hacerlo cumplir. Es lamentable que el índice de Percepción de la Corrupción para 2013, elaborado por Transparencia Internacional, repruebe a México con 34 puntos de 100 a los que se podía llegar y se le ubique en el lugar 106 de 177 países, junto con Nigeria o Bolivia y debajo de naciones como Jamaica, Tailandia o Trinidad y Tobago.
A continuación, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández hizo un recuento de los puntos torales que contempla la iniciativa que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción:
1) Se crea un organismo autónomo para el combate a la corrupción, con atribuciones en los tres órdenes de gobierno.
2) Establece que los tribunales contencioso - administrativos sólo revisen las sanciones que, en su caso, establezcan las autoridades contraloras y de auditoría de los tres Poderes y de los órganos autónomos.
3) Faculta al Congreso para expedir la nueva ley de responsabilidades y combate a la corrupción, que será aplicada por los tres órdenes de gobierno.
4) Determina que los actos de los órganos responsables de combatir la corrupción podrán combatirse mediante amparo ante Tribunales Colegiados de Circuito.
5) Emprende una revisión integral al sistema nacional de responsabilidades de los servidores públicos de todo el país. A dicho fin, se modifica integralmente los artículos 109 y 113, y realizar un ajuste al 114 de la Constitución Federal.
6) Aclara que los servidores públicos del Poder Judicial en los estados, estarán sujetos a la nueva ley general de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción que apruebe el Congreso de la Unión.
7) Establece varios mandatos para llevar a cabo reformas complementarias, enfocadas a la prevención de la corrupción, mediante la instauración de mejores prácticas administrativas en la administración pública, entre otros.