La Visitaduría General de la PGR ejecutó anoche el arraigo de Isabel Sánchez Hernández, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO, quien se encuentra sujeta a una investigación por delitos Contra la Administración de Justicia, Robo Agravado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Esta investigación se inició producto de una denuncia ciudadana recibida en los primeros días de septiembre, en la que se advertía que la citada agente "se quedó" con dos camionetas de lujo, una Toyota Sienna y una BMW X6, obtenidas en un cateo que ella misma realizó en abril a un presunto “lavador” de dinero.
Luego de practicar diversas investigaciones y seguimientos, dicha funcionaria fue sorprendida y aprehendida en flagrancia por los agentes de la Visitaduría General el pasado lunes 26 de septiembre, cuando en compañía de una persona que le servía de chofer iba a bordo de la camioneta Toyota Sienna modelo 2008.
Luego de permanecer dos días detenida, fue consignada ante el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, al ejercitarse acción penal en su contra por los delitos de Peculado y Ejercicio Indebido del Servicio Público, toda vez que se le imputó el disponer ilegalmente para uso propio y particular de un bien asegurado.
Paralelamente, la Visitaduría General continuó con las indagatorias, ya que se contaba con indicios que hacían suponer la posible comisión de otros delitos, por lo cual, entre otras diligencias, practicó cateo al domicilio particular de la agente consignada, donde efectivamente se localizó la camioneta marca BMW, línea X6, modelo 2010, que presuntamente era propiedad del “lavador” de dinero que ella misma investigaba, y que sin embargo no aparece como asegurada en la averiguación previa cuya integración estaba a su cargo.
Además, se localizó en su domicilio dinero en efectivo superior a los $800 mil pesos, alhajas que al parecer también eran aseguradas o que fueron obtenidas de los cateos que ella practicó a los presuntos delincuentes que debía perseguir, así como otros vehículos cuyo origen se investiga.
También se encontraron documentos propios de averiguaciones previas, amparos y procesos penales posiblemente sustraídos de expedientes relativos a personas contra quienes la agente seguía indagatorias.
En estas condiciones, la Visitaduría General, al tener conocimiento de que Isabel Sánchez Hernández estaría obteniendo libertad provisional bajo caución en la causa penal 152/2011-V, ya que los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público por los cuales se le procesa en ese expediente son considerados no graves, ordenó su inmediata localización y presentación a fin de que declarara con relación a lo que había sido encontrado en su domicilio.
Así, el pasado jueves 29 de septiembre fue localizada al salir en libertad provisional bajo caución del penal de Santa Martha Acatitla y presentada ante la Visitaduría General, determinándose su detención por caso urgente, al estimarse que podría evadirse de la acción de la justicia.
Dados los nuevos elementos de prueba con que cuenta el órgano responsable de perseguir los delitos que cometen los servidores públicos de la PGR, se solicitó al juez especializado que concediera la medida cautelar de arraigo de Isabel Sánchez Hernández, la cual se concedió por cuarenta días, término dentro del cual se preparará el ejercicio de la acción penal por ilícitos considerados graves, tales como Contra la Administración de Justicia, Robo Agravado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ya que se presume que la indiciada posiblemente habría desviado el curso de investigaciones bajo su cargo, se habría apoderado ilícitamente de bienes que se presumían objeto o producto de delito en las averiguaciones previas cuya integración era su responsabilidad y los habría ocultado aun conociendo su ilícito origen.
Con estas acciones, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso para erradicar la corrupción al interior de la institución buscando en todo momento castigar severamente la desviación de la legalidad y la honestidad de sus servidores públicos.