La reforma energética que propone el presidente Enrique Peña Nieto plantea los siguientes cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
En el artículo 27, en su párrafo sexto, se suprime el texto vigente que establece que “no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos”, y la modificación establece simplemente que no se expedirán concesiones. Es decir, se elimina de la Constitución la prohibición de contratos y se permite la privatización de los mismos en Pemex.
Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta que la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva; no obstante, esto se modifica para que la Ley Reglamentaria determine la forma en la que la nación llevará a cabo las explotaciones de los productos.
En el artículo 28 la reforma incluye que “Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos se estará a lo dispuesto por el artículo 27, párrafo sexto de esta Constitución”.
Con lo anterior podemos inferir que se dejará en la reglamentación secundaria todo el desarrollo de la inclusión de privados, a través de contratos, en la explotación de los hidrocarburos del país; es decir, se abre la posibilidad para que intereses particulares puedan hacerse cargo del área estratégica más importante de México.
Actualmente se estipula que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”; sin embargo, los cambios que propone Peña Nieto señala que corresponde al Estado tan sólo la transmisión y distribución, permitiendo que actores particulares puedan dedicarse a las otras actividades como generación, conducción y abastecimiento.