Senadores de los grupos parlamentarios de PRD, PRI y PAN propusieron sancionar la venta y portación ilegal de armas con 10 y hasta 20 años de cárcel, como un mecanismo que ayude a un combate más efectivo a la delincuencia organizada.
El objetivo es lograr la recuperación de la paz en el país, apuntó el senador Humberto Fernández Fuentes del Grupo Parlamentario del PRD, al presentar ante el Pleno la iniciativa firmada por sus compañeros de fracción Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo Aburto; así como por Ismael Hernández Deras y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del PRI; y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN.
Explicó que la propuesta implica reformas y adiciones a diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La iniciativa busca que a la posesión ilegal de armas se le impongan sanciones de siete a 15 años de prisión, además de multas desde 300 a 500 unidades de medida y actualización, el decomiso, y hasta 20 años de cárcel a quienes transmitan la propiedad, sin permiso correspondiente del Ejército Mexicano.
El senador Fernández Fuentes puntualizó la necesidad de adoptar acciones legislativas que ayuden a contrarrestar la violencia en el país, pues se estima que en México circulan ilegalmente 20 millones de armas de fuego, 65 por ciento están en manos del crimen organizado.
Refirió que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2015 señala que, de los 18 millones de delitos registrados, en 48.6 por ciento los delincuentes portaban armas, de las cuales 33 por ciento correspondieron a artefactos de fuego.
En cuanto a muertes violentas, subrayó, “entre el primero de diciembre de 2012 y 31 de octubre de 2014, se contabilizaron en México más de 41 mil homicidios dolosos, con armas de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia. Estos resultados difieren de las cifras reportadas por el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública, quien en ese mismo periodo reportó 33 mil 186 homicidios dolosos”.
Precisó que entre estos asesinatos se encuentran ejecuciones, enfrentamientos producto del narcomenudeo, y diversos homicidios intencionales.
“Lo anterior evidencia que las armas son el ingrediente principal de la violencia y la actividad delictiva, sin embargo, la legislación vigente sobre su portación es laxa y limita su control, pues contiene criterios discrecionales en su aplicación para la obtención de licencias, permisos y registros para la posesión y portación de armas de fuego”, subrayó el legislador.
Explicó que actualmente es permitido portar armas 9 milímetros sin problemas, en tanto que llevar armas de mayor peligrosidad es sólo un agravante y sólo se sanciona con multa de dos a diez mil pesos, sin pena corporal. De enero a septiembre de 2015 sólo se registraron 180 casos.
Paralelamente se suscitan problemas, como discrepancia en la integración de averiguaciones previas por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
“En consecuencia tenemos delincuentes que portan, poseen, trafican, transportan, venden, compran armas de fuego, explosivos y accesorios, con sujeción a proceso y bajo el beneficio de la libertad bajo caución. Esto constituye una limitación para las fuerzas del orden y un pilar de la operación de los grupos criminales”, reprochó.
Advirtió que esta problemática no sólo coloca a la sociedad en clara vulnerabilidad, “no sólo por la probabilidad de ser víctima de un delito, sino por la incapacidad del Estado de perseguir delitos y castigar criminales, haciendo aún más rentable para el crimen organizado y la corrupción el ilícito comercio de armas”, concluyó.