La senadora Marcela Torres Peimbert, Secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, dijo que en la actualidad en el país no existe ningún programa nacional para la introducción de agua simple, potable y gratuita en las escuelas y los espacios públicos.
Añadió que es un área de oportunidad y compromiso para satisfacer las necesidades diarias de este líquido vital en las zonas en las que más se requiere, como son las áreas rurales, las escuelas y los espacios públicos.
Indicó que según la Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, solamente 55.9% de las primarias y 60.6% de las secundarias a nivel nacional cuentan con agua para beber de manera gratuita (ya sea en bebederos o en garrafones), por lo que impera la necesidad de promover una alimentación correcta dentro del ambiente escolar, en aras de disminuir los factores de riesgo que inciden en la malnutrición de los estudiantes.
Señaló que esta misma encuesta presenta una serie de recomendaciones, entre las que resalta la necesidad de garantizar la existencia de bebederos o disposición de agua potable gratuita en los planteles escolares, para fomentar la disminución en el consumo de bebidas azucaradas y refrescos.
De acuerdo con la publicación de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México titulada “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, es concluyente sobre la necesidad de proveer de la infraestructura necesaria para asegurar la disponibilidad de agua potable en los hogares, las escuelas y centros de trabajo, como un factor indispensable para un ambiente higiénico que permita prevenir enfermedades y evitar el consumo de bebidas con aporte energético, como son las bebidas azucaradas.
La senadora afirmó que es necesario aumentar el acceso al agua potable de libre demanda para poder contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas, y así disminuir la ingesta tan alta de estas bebidas en el país, debido a que los mexicanos se han convertido en los mayores consumidores de refrescos en el mundo, así como la población con mayores índices de obesidad y diabetes.
El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un obstáculo para las finanzas públicas, especialmente en el sector salud, debido a que el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, pasando de 35 mil millones de pesos a por lo menos 67 mil millones de pesos.
Según la Secretaria de Salud, el costo actual alcanza los $80 mil millones de pesos anuales. Se estima incluso que dicho gasto aumentará a 151 millones de pesos en el año 2017.
Finalmente la senadora que un elemento clave en el combate a la obesidad es la promoción de políticas públicas integrales y multifactoriales que protejan el derecho a la salud y a la alimentación de la población, en donde las medidas fiscales juegan un rol imprescindible para desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, al mismo tiempo que permiten obtener recursos para combatir los daños relacionados.