Al instalar formalmente la Comisión de Vivienda, su presidenta María Elena Barrera Tapia, aseguró que cerca del 40 por ciento de la población no cuenta con los recursos necesarios para adquirir una casa.
De igual manera, indicó que el 31 por ciento de las viviendas tienen algún rezago habitacional, además de que el crecimiento desordenado de zonas urbanas y la falta de apoyo para la construcción de hogares ha provocado que las condiciones de vida de miles de familias estén muy por debajo de la expectativa de crecimiento sustentable.
Por ello, la legisladora del Partido Verde subrayó que ese órgano legislativo trabajará en diseñar leyes y estrategias que faciliten a la población el acceso a una vivienda digna.
En tanto, el senador priista Joel Ayala Almeida destacó la necesidad de otorgar seguridad social a los trabajadores que no cuentan con ésta, pues es determinante para el acceso a la vivienda digna y sería un primer paso para resolver el problema que padecen millones de mexicanos que no cuentan con techo propio.
En este sentido, propuso incorporar a la seguridad social a los trabajadores del Senado y de la Cámara de Diputados que laboran bajo el régimen de honorarios, “ya que el Poder Legislativo tiene que ser ejemplo y extenderlo al resto del país, además de que es algo factible y haremos lo necesario para lograrlo”.
Por su parte, el senador panista Víctor Hermosillo y Celada destacó que en los últimos 15 años el rezago de la vivienda ha sido “abatido dramáticamente” sobre todo para las personas que tienen una seguridad social.
Sin embargo --agregó-- tenemos que ver la manera de que a los que no son derechohabientes, de una manera u otra, ayudarlos para que obtengan una vivienda.
A su vez, el senador perredista Adolfo Romero Lainas se pronunció por buscar mecanismos que eviten las “inversiones muertas”, ya que son demasiados los créditos que no han podido ser pagados, lo que provoca que muchas casas se encuentren vacías o abandonadas.
“Tenemos la gran responsabilidad de encontrar una solución a ese problema y evitar que siga sucediendo porque son inversiones que no generan ningún beneficio social y se convierten en una complicación que no deja dormir a las familias que no pueden pagar su crédito”, enfatizó.